Praxis y Teoría

OTRA VEZ EL MIEDO OFICIAL Y DE TODAS LAS DERECHAS A UNA INVENTADA NUEVA “TOMA DE LIMA”

(4 días antes del paro nacional del 19 de julio 2023)

Rodrigo Montoya Rojas

Columna Navegar río Arriba. Portal La mula

Lima, 14 julio 2023.

Publicación con autorización del autor

Faltan solo 4 días para el 19 de julio. El gobierno y las Fuerzas Armadas que lo sostienen, junto con una recién creada unión de empresarios, los dueños de medios de comunicación, sus periodistas, analistas, y todos sus aliados políticos, están preparando una gran “batalla” en defensa de su democracia y contra los terrucos-comunistas- “ciudadanos del mal”, fijada en lo que llaman con un título falso “la toma de Lima” que tendría lugar el 19 de julio. Los organizadore no llaman a otra toma de Lima, llaman a un Paro nacional, otros, a una movilización nacional para que a señora Dina se vaya, para que los congresistas se vayan ya, para que haya justicia contra los responsables de la muerte de nuestros 69 hermanos, por ¡Ni un muerto más!, por nuevas elecciones ya, por una consulta sobre la necesidad de una nueva constituyente y otras reivindicaciones más.

A ningún grupo político armado que no haya tomado antes las grandes ciudades del país y que no haya aislado a la capital del reino de todo el resto del país, se le ocurriría “tomar Lima”. Lo deberían saber los aprendices de estrategia de las Fuerzas Armadas. Debo suponer que lo saben y si a pesar de eso los jefes insisten en servirse de esa metáfora vacía de todo contenido, es porque les gustaría ganar esa falsa batalla apelando al cuco del miedo, cerrando la ciudad, bloqueando el ingreso de los manifestantes que intenten llegar del sur y del resto del país, e impidiendo las marchas en Lima, cualquiera que sea el costo, con, sin o más muertos.

Primera vez que todas las fuerzas de la derecha, sus clases medias y estratos allegados, sus periodistas y analistas, los congresistas agrupados bajo el denominador común de “fuerzas democráticas”, llaman “a todos los demócratas” como ellos a movilizarse contra el paro del 19 de julio, la “toma de Lima”, reinventada por ellos desde el VRAEM donde se producirían enfrentamientos con muertos y heridos o declaraciones oportunísimas como la de la “camarada Vilma”, pidiendo la “toma de Lima”. Cada que hay un acontecimiento político de primer orden como la reciente posible victoria de Pedro Castillo en 2021, los enfrentamientos sin heridos y las noticias que salen del VRAMEN carecen de testigos, de enviados de la Cruz roja y de periodistas corresponsales de los medios de comunicación. Se trata solo de la voz oficial del Estado-gobierno con la pretensión de ser verdadera, pero que podría ser falsa y no hay modo de probar una u otra versión, pero que sirve para revivir la vieja memoria del miedo.

Se renueva y trata de fortalecerse la división impuesta desde hace mucho tiempo por las fuerzas armadas: de un lado, peruanos demócratas; de otro, comunistas, terrucos, senderistas, enemigos de la democracia; sin medio alguno de conciliación posible. Con los demócratas o contra los demócratas, Caín y Abel, conmigo y sin ti. Se sigue con la profunda convicción de los dos supuestos enemigos poderosos del Perú, los de fuera y los de dentro. No tendríamos nada en común, nada que una a todas las peruanas y peruanos, salvo, tal vez, el acuerdo de pelear juntos contra el enemigo del exterior.

La presidenta Dina Boluarte autorizó el 6 de julio último la entrega de 12.2 millones de soles a las Fuerzas Armadas (al Ejército 4.5 millones; a la Marina 4.5 y a la Fuerza Aérea 2.7 millones), para que “los cuerpos de inteligencia y contra inteligencia ‘impulsen la reactivación económica al mitigar los riesgos de pérdidas económicas’” (Revista Hildebrandt en sus trece, N° 644, 14 julio 2023, p. 4-5). En otras palabras, las Fuerzas Armadas defenderán la economía y el progreso en todo el territorio y la Policía se encargará de controlar a los manifestantes del paro nacional del 19 de julio. Peruanos y peruanas como enemigos de peruanas y de peruanos. Unos quieren el progreso y otros defienden el atraso. Por ese camino se ensancha la división que nos separa.

A través de las redes, las fuerzas de la derecha más recalcitrante, aliada a las iglesias cristianas, pregonan una “cruzada nacional” a través de un video, en el que “la bandera peruana que tiene la p de patria, la p de paz y la p de progreso” será firmada por cada “ciudadano de bien” en todo el Perú y traída a Lima como un juramento para enfrentar a los enemigos del Perú, de la paz y del progreso. No dicen una palabra sobre el paro nacional del 19 de julio convocado por “sus enemigos”, pero se trata de una tarea más para buscar el fracaso de ese paro.

La policía tiene ya controlados los accesos a Lima por el sur, centro y norte, valiéndose de decretos de control de carreteras por razones de emergencia. Por su tarea de los últimos años parece que están cerca del ideal un manifestante = un policía que, lo cuide y proteja de los terrucos-comunistas enemigos de la paz, de la patria y del progreso (capitalista).

La alcaldía de Lima, cerró ya la Plaza de Armas, estrena nuevas cámaras de reconocimiento de rostros para saber quiénes son los manifestantes.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cerrará sus puertas para que nadie entre o salga durante el tiempo que dure el paro o se multipliquen las marchas como en diciembre-enero y febrero 2022-2023. No quiere repetir su fallida y ridícula toma de San Marcos. Esa sí fue una toma-ocupación de San marcos.

Entre tanto, no sabemos qué piensan hacer las comunidades aymaras y quechuas, que ayer fuero sujeto y actor principal y ahora parecen desplazadas por los dirigentes tradicionales de eso que vagamente se llama “movimiento popular”. A ningún periodista se le ocurrió ir a entrevistar a presidentes de comunidades. La gran mayoría son expertos en preguntar a congresistas, ministros y ex ministros de defensa y del interior.

Cinco o seis consideraciones previas, ya escritas sobre los acontecimientos de diciembre, enero y febrero de 2022-2023.

El 7 de febrero escribí en este mismo portal el largo artículo Primera rebelión política en los últimos 200 años de las comunidades quechuas y aymaras en Perú (2022-2023) en el que expuse una interpretación de la que resumo cinco puntos indispensables para tratar de entender este momento político pre-paro.

1. El objetivo central de las marchas en Lima fue buscar la Justicia para los responsables del asesinato de hermanos y hermanas en Juliaca, Ayacucho, Andahuaylas, Chalhuanca y Lima.

2. El Sujeto político y actor principal, fueron las comunidades quechuas y aymaras. Se trata de la primera rebelión abiertamente política de las comunidades quechuas y andinas de nuestra historia después de su participación en la revolución de Túpaq Amaru, Túpaq Katari y Tomás Katari. En la complejidad peruana de hoy, hay dos modos de mirar nuestra sociedad pluricultural. De un lado, la concepción occidental capitalista, que considera a la sociedad como un conjunto de individuos y nada más. De otro, la concepción de los pueblos indígenas cuyas comunidades son unidades colectivas, células de los pueblos quechua, aymara y amazónicos…La comunidad como unidad colectiva tanto en la vida económica como social y política, que no es un individuo ni una suma de individuos sino una institución de dirección por participación plena y por consenso en cada una de sus decisiones, es un patrimonio propio, exclusivamente indígena, entendido, vivido y sentido dentro de las comunidades… El liderazgo individual es la condición indispensable del sistema político llamado democxrático: un voto un ciudadano. Nada más.

Comunidades andinas, costeñas y amazónicas; mandar obedeciendo. Democracia de abajo, sin discursos académicos ni políticos, sin buscarla ni pretenderla. Ignorada por la vanidosa “ciencia política”.

La comunidad toma acuerdos por consenso, encarga su cumplimiento a los líderes, quienes tienen la responsabilidad de obedecer a la comunidad. La comunidad puede quitarles la condición de líderes en cualquier momento. Este es un elemento clave de los ayllus incas que se mantuvo dentro de la institución comunidad de indígenas, creada en el siglo XVI y reconocida parcialmente en la constitución de 1920. Cuando la corona española supo que la voracidad de sus conquistadores podría poner en peligro la existencia misma de los pueblos originarios, trató de protegerlos reuniendo en una nueva institución; de un lado, la nomenclatura y parte de la realidad de los municipios de España —cabildo, alcaldes, regidores, alguaciles— y la entrega de mercedes-donaciones de tierras que se llamaron desde el siglo XVI “Tierras del Común”, de donde derivan las palabras comunidad, comunero, comunario. De otro, la tradición recreada del ayllu, a partir de la gestión de la tierra por familias dentro de una unidad colectiva, que era el ayllu inca de raíces pre incas individuales y colectiva en las tierras de pastos y la vida económica, social, política y espiritual a través de los principios de reciprocidad, complementariedad, bipartición, etc. La prueba contundente de la importancia de las comunidades andinas, costeñas y amazónicas es muy simple. Es la única institución colonial que se ha mantenido hasta ahora. La segunda fue la hacienda con siervos o con esclavos, que felizmente, ya desapareció.

Cada primero de enero se renueva la dirección de la comunidad y los dirigentes elegidos reciben el encargo de vigilar el cumplimiento de sus acuerdos. El cabildo o la asamblea comunal que elige, tiene el derecho de revocar el mandato de los elegidos en cualquier momento. De la experiencia de ligarse profundamente a las comunidades indígenas en Chiapas y de haber entendido el fundamento y la finalidad del bien común en los pueblos indígenas, deriva la propuesta condensada por las comunidades chiapanecas y difundida por el subcomandante Marcos, (llamado hoy Galeano) de “mandar obedeciendo”, como un principio político alternativo al de representación del pueblo, propuesto por el ideal republicano de La ilustración europea y las revoluciones norteamericana y francesa.

Mandar obedeciendo es un modo de realización de la reciprocidad indígena en la esfera de la organización y gestión política. No por gusto en los ayllus-comunidades de Puquio, Lucanas, Ayacucho, en febrero, los alcaldes varas, las vísperas de los puqllay, (juegos-carnavales) ofrecían una fiesta de gratitud a sus ayllus por haberles dado el honor de ser sus autoridades por un año, sin reelección inmediata posible. En la rebelión de diciembre y enero (2022-2023), los grandes actores han sido las comunidades quechuas y aymaras. Este hecho es inentendible para las fuerzas armadas y policiales, ministros de defensa y del interior, y cuanta autoridad existe en el aparato del estado capitalista. Saltó la liebre de modo muy tímido aún en la esfera pública cuando desde el poder, sus funcionarios repetían a voz en cuello que “los terroristas” que toman las calles son financiados por narcotraficantes, mineros ilegales, bolivianos, Evo Morales, venezolanos, y por el comunismo internacional. La respuesta contundente fue: “basta de insultarnos, terruquearnos, disminuirnos. No somos terroristas ni terrucos, somos comuneros de las comunidades quechuas y aymaras. Nos movemos por nuestros acuerdos comunales y nos desplazamos con nuestros propios recursos; cada familia pone lo que necesita para salir por uno o más días, y la comunidad le ofrece el apoyo para completar lo que se necesita para pasajes y estadía”. Debiera saberlo la presidenta Boluarte, si tuvo en su vida un contacto directo con las comunidades de su provincia de Aymaraes en Apurímac, pero parece que pesó más en ella la línea defendida por las Fuerzas armadas y policiales, que ignoran desde siempre el papel y peso de las comunidades andinas, y creen con devoción en la versión clásica y antigua sobre infiltrados del exterior, comunistas terroristas, “terrucos” e indeseables como Evo Morales, ex presidente de Bolivia y “sus 8 agentes en Perú”.

Ante la magnitud de la protesta en 4 semanas continuas en buena parte del país, las y los periodistas y analistas defensores de las tesis oficiales y oficiosas del orden establecido se preguntan: quiénes dirigen, con qué recursos se organizan las marchas. Buscan solo individuos responsables, porque no se les ocurre que, detrás de esos “vándalos”, haya colectivos de dirección dispersos con coordinaciones locales eficaces gracias a la magia de Whatsapp. Un líder, un partido, una “nueva fracción roja” tienen que estar detrás. Nada de lo que ocurre puede ser espontáneo, tampoco imaginan que muchas veces hay siempre una primera vez. Cuando las marchas se multiplicaban, desde los ministerios de Defensa y del Interior salió a flotar una tabla de salvación: detrás de todo lo que ocurre “está Sendero Luminoso, con la máscara del Movadef”. Los sabios de esos ministerios saben muy bien que Sendero Luminoso es parte del pasado, cuyo fin comenzó con la captura de Abimael Guzmán en 1992, su división entre las fracciones de Proseguir (la lucha) y la de renunciar a la lucha para lograr la libertad de su líder. De esta corriente nació el MOVADEF con la intención der convertir a Sendero en un partido para participar en las elecciones. Un grupo de “Proseguir” partió al VRAEM. El MOVADEF fue reprimido y casi desapareció. En 30 años, la gente cambia, envejece, pierde ilusiones y fuerza, renuncia, abandona y lo último que pierde es la esperanza. No hay por qué no creer que queden viejos y medios militantes o cuadros que tratan de hacer algo. De ese pequeño fondo renace la esperanza de los pensadores de la represión oficial de ver a Sendero otra vez, con vida, como un probado argumento para asustar más, más aún si saben que el miedo es un recurso precioso para defender la democracia.

Las fuerzas militares policiales, la presidenta y sus ministros, y los periodistas y analistas de la verdad oficial, esperaban que con la invasión brutal al campus de la Universidad de San Marcos en Lima (irónicamente “respetando la constitución, la ley y los derechos humanos”) encontrarían a los senderistas, sus armas, panfletos, bombas molotov y planes de insurrección. Un tanque destrozó una puerta, cuando la puerta contigua estaba abierta, detuvieron a 193 personas, manifestantes venidas de comunidades andinas, estudiantes, personas solidarias con alimentos, y agua en el verano con 27 o 28 grados de temperatura. Muchas estudiantes residentes en la vivienda universitaria, fueron sacadas de sus habitaciones a empujones, gritos, carajos y golpes. A los detenidos, mujeres y hombres, los tiraron al suelo o los pusieron de rodillas, les ataron las manos a la espalda, los insultaron y humillaron. Hay muchos videos y audios que prueban lo que describo. 24 horas de miedo y terror, producido por los valientes policías haciendo muy bien su trabajo. 24 horas después, ante la presencia de abogados voluntarios, los policías liberaron a 192 de los 193 detenidos, sin cargo alguno. Uno fue retenido por tener “una requisitoria”, pero no dijeron por qué. Si hubiese sido por terrorismo o algo así, habrían celebrado ese minúsculo éxito. ¡Fue grande la desilusión! ¡No hubo ni un simple parto de los montes, ni un ratón en lugar del ansiado tigre! San Marcos quedó limpia de polvo y paja. Los pensadores y ejecutores de las políticas represivas callaron, como siempre.

3. Ninguna comunidad dijo que venía a una “Toma de Lima”.

4. Hubo una evidente preocupación por la caída de Pedro Castillo, pero cuando fue posible conocer datos serios sobre la corrupción dentro del Palacio, esa preocupación fue disipándose, hasta el punto de pensar que “ya fue”, en el sentido preciso del castellano popular de hoy: “ya sería parte del pasado”.

5. En el camino, entre marchas y marchas fueron surgiendo nuevos propósitos: La caída de “Dina asesina”, “ni un muerto más”, “que se vayan todos”, “nuevas elecciones” y una nueva Constituyente o una consulta sobre la necesidad de una nueva Constituyente.

6. No fracasó la llamada “Toma de Lima, porque no vinieron para eso. La toma de Lima provendría de los servicios de inteligencia de las Fuerzas armadas y policiales.

7. No esperaban que fueran recibidos en Lima como enemigos de la patria. Volvieron a sus comunidades con las memorias nuevas que alimentan viejos rencores contra la capital del reino, considerada como sinónimo de Perú.

De febrero al 14 de julio 2023.

Los analistas politicos de derecha y de izquierda no vieron, no quisieron ver el elefante andino en las calles de Lima. ¿No era acaso una gran novedad ver en las marchas a las mujeres vestidas de polleras y sombreros, combativas exigiendo justicia para los que asesinaron a sus hijos, hermanos o esposos, y para quienes les ordenaron que los maten. Confundieron a los elefantes con hormigas. En esas marchas no vimos las caras de quienes quieren llegar al congreso como representantes de la patria… No quisieron ver una rebelión política de las comunidades aymaras y quechuas como sujeto y actor político principal, sino una movilización política de los comunistas, terrucos, una lucha subversiva para “tomar Lima” y atentar contra la “sociedad democrática peruana”; la señora presidenta, su primer ministro y sus ministros de defensa y del interior hicieron y siguen haciendo grandes esfuerzos para borrar todo elemento colectivo y reducir a todos las peruanas y peruanos a la simple condición de ciudadanos iguales para que cada una o uno represente un voto y que llos aqyllus-comunidades-unidades colectivas no tengan derecho a existir.

En los predios de lo que se llama izquierda, hubo el convencimiento de que se trató de un “gran movimiento popular” sin unidad y cohesión por falta de un liderazgo claro. Los pocos investigadores e intelectuales de los diversos grupos de esa izquierda siguen siendo prisioneras y prisioneros de una visión que sobrevalora lo individual y no conoce a fondo la realidad de las comunidades andinas, amazónicas y costeñas, tampoco lo esencial del mensaje zapatista “mandar obedeciendo” de los chiapanecos mexicanos en rebeledía desde 1994 hasta hoy. Con el razonamiento que considera indispensable la categoría “movimiento popular” no es posible entender lo ocurrido en las fortísimas marchas de protesta en diciembre, enero y febrero de 20233. Tampoco es posible pensar en otra opción política desde abajo, independiente y opuesta a la consigna nunca admitida pero sí seguida: “salvo una curul el resto es ilusión”. No tiene sentido seguir creyendo en eso del del movimiento popular desde 1980 en adelante; en estos 43 años ha servido para muy poco porque no permite ver que las comunidades andinas, amazónicas y aymaras son unidades sociales con una dirección colectiva propia, que son sujeto político y no una suma de votos individuales para la cosecha de tal partido, movimiento regional o local en las elecciones próximas.

Asustar para que nadie pare el 19 de julio, no es una novedad; es una vieja carta del juego político en tiempos de elecciones y en tiempos de confrontación fuera de las elecciones. Con su conducta de mafia-banda congresista de todos los colores, profundamente unida para no ser enjuiciada, juzgada y condenada por sus delitos, todas las bancadas están de acuerdo en quedarse hasta 2026. Ocurre lo mismo con la señora Boluarte, presidenta obligada a aceptar lo que sus aliados en las fuerzas armadas y políticas quieren, también con el propósito común de durar hasta 2026. Unirse para no caer por el vendabal “que se vayan todos”, Dina incluida, es su último recurso, cueste lo que cueste.

Haber llegado a este punto de confrontación es prueba que el pedido de justicia para los hermanos asesinados, “!Ni un muerto más!” que se oyó en las voces potentes de las mujeres andinas en las calles de Lima, fue muy fuerte. La bandera peruana de luto tuvo y tiene un potencial simbólico muy grande. Fracasó la alucinada “toma de Lima”, pero triunfó la voz andina de protesta anunciando otro horizonte.

!Ni un muerto mas!, como razón para que la Coordinadora Nacional de Derechos humanos se sume a la marcha del 19 de Julio, tiene una gran importancia. Es una advertencia para que soldados y policias no vuelvan a matar y asesinar impunemente.

Una derrota de la posición oficial no será una entrega del país a las manos de terroristas y de senderistas “resusicitados” por respiradores de los servicios de inteligencia. Solo sería una victoria para que el camino de la democracia, si aún es posible, surja de las reservas de democracia directa que anidan en las comunidades andinas, amazónicas y costeñas. No olvidar que no se trata de una batalla entre soldados de un lado y del otro. Solo será una confrontación más con soldados y policías de un lado y gentes del común, los de abajo pidiendo justivcia y libertad, en el otro. Con los de abajo estoy y me siento. Por eso, expreso mi solidaridad con esta nueva protesta, con las banderas de las comunidades andinas, amazónicas y costeñas, en mi corazón y mi esperanza, aún si los soldados y polícías no permitan que sus representantes lleguen a Lima, o si lo consiguen, tratarlos como a ciudadanos de quinta categoría por eso de los peruanísimos racismos. Los oíremos, seguramente, en las marchas que se anuncian en todas las ciudades grandes, medianas, y en las propias comunidades.

El “Enverdecimiento,” Fase Superior del Extractivismo

Ana Isla, PhD *

Resumen

Centrado en las perspectivas ecosocialista y ecofeminista, este artículo examina el impacto negativo del extractivismo como una actividad económica que extrae una gran cantidad de recursos naturales, y evalúa cómo se ha desarrollado la gestión ecológica del capital global en América Central y del Sur, al cual denomino “enverdeciendo.” Se abordan tres preguntas: cómo se ha organizado la red regional y local sobre la gobernanza de la naturaleza en América Latina; por qué el extractivismo golpea más a las mujeres; y en qué medida y cómo los movimientos contra el extractivismo se han involucrado en la lucha contra las tendencias globales, así como en contra de las políticas nacionales y locales que las apoyan. El documento expone a las Naciones Unidas como una fuerza clave en el modelo permanente de colonialismo, dependencia económica, patriarcado, y poder geopolítico que caracteriza al extractivismo.

Abstract

Centered in ecosocialist and ecofeminist perspectives, this paper examines the negative impact of extractivism as an economic activity that removes a huge amount of natural resources, and evaluates how global capital’s ecological management, which I call “greening,” has developed in Central and South America. Three questions are addressed: how the regional and local network on the governance of nature in Latin America has been organized; why extractivism strikes women hardest; and to what extent and how movements against extractivism have become involved in contesting global trends as well as national and local policies supporting them. The paper exposes the United Nations as a key force in the permanent model of colonialism, economic dependence, patriarchy, and geopolitical power characterizing extractivism.

Metodologia

El ámbito geográfico de este artículo está basado en los movimientos anti-extractivistas, en las países de Centro y Sur América, originados por los proyectos regionales de infraestructura: Plan Puebla Panamá (PPP) en Centroamérica; y la Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA), posteriormente integrado a COSIPLAN. Para ese propósito, se seleccionó impactos negativos de una variedad de extractivismos investigados por organizaciones de base y casos judiciales. El contexto histórico es la ecología política del Desarrollo Sostenible derivada de tres Cumbres de la Tierra (1992, 2002, 2012) y Convenciones sobre el Cambio Climático, que llevan la intervención directa de los Estados y las ONG sobre los habitantes locales y sus bienes comunes. El artículo revela la experiencia de vida de los pueblos indígenas, revalora el trabajo de reproducción, y reconecta nuestra conexión con la naturaleza, con los demás y con nuestros cuerpos para recuperar un sentido de plenitud en nuestra vida.

Palabras claves: Enverdecimiento, ecofeminismo, extractivismo, gestión ecológica, Desarrollo Sostenido, Plan Puebla Panamá, Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).

Introduccion

En las Américas, el extractivismo se refiere a las actividades económicas que extraen una gran cantidad de recursos naturales, y ha existido desde la época colonial. Estas extracciones crecieron exponencialmente a la par del marco neoliberal durante la crisis de la deuda de la década de 1980 que luego impuso el Programa de Estabilización y Ajuste Estructural por parte del FMI y el Banco Mundial, respectivamente (Isla 1993). Las Cumbres de la Tierra (1992, 2002, y 2012) abrió al extractivismo nuevas áreas de intervención para el capital global cuando la operación del Desarrollo Sostenible (DS) fue cedida al Banco Mundial.

El Banco Mundial ha contribuido a la expansión de las industrias extractivas desde que fue autorizado del manejo del Global Environmental Facility (por sus siglas en Inglés) para perseguir la denominada “Economía Verde” a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) medioambientales. El papel de la mayoría de las “ONG internacionales, como el Fondo Mundial para la Naturaleza, ha sido actuar como intermediarios entre las empresas y los Estados endeudados y promover el lenguaje de las políticas y programas económicos aparentemente más ecológicos.” (Isla, 2015 p.57) En el paradigma del DS el crecimiento económico sigue siendo un objetivo dominante. (Isla, 2015 p.60) En consecuencia, la destrucción continua de las economías de subsistencia es el elemento central de lo que hoy se entiende como Desarrollo Sostenible (Isla 2015 p. 168).

La economía política del “enverdecimiento” expone un modelo global de acumulación basado en el extractivismo. Esta perspectiva muestra cómo los ecosistemas de América Central y del Sur se están desestabilizando cada vez más, especialmente a través de una presión cada vez mayor para la extracción de recursos (Isla 2015:164). Particularmente afectados en esta colusión entre capital global neoliberal/Estados /ONG son los pueblos indígenas que poseen colectivamente grandes territorios y recursos que son fundamentales para su integridad física y cultural, y sustento de su vida diaria. Todas estas violaciones han dado lugar a un aumento de las rebeliones indígenas, a pesar de la existencia de Pactos Internacionales, como el 169 Covenant of International Organization of Labour (OIL por sus siglas en Inglés), la Declaración de Organization of American States (OAS por sus siglas en Ingles), y United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP por sus siglas en Inglés). En América Latina, el papel de los gobiernos, independientemente de su orientación política, ha sido la vigilancia e intimidación de los activistas, que suelen convertirse en víctimas de asesinatos selectivos.

Este artículo aborda tres preguntas: cómo se ha organizado la red regional y local sobre la gobernanza de la naturaleza en América Latina; por qué el extractivismo golpea más a las mujeres; y en qué medida y cómo los movimientos contra el extractivismo se han involucrado en la lucha contra las tendencias globales, así como en contra de las políticas nacionales y locales que las apoyan. Se discuten dos reconocidos proyectos regionales de infraestructura para el extractivismo: Plan Puebla Panamá (PPP) en Centroamérica; y la Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA) (Integración de Infraestructura Regional en América del Sur). Ambas exponen a las Naciones Unidas como fuerza clave en el modelo permanente de colonialismo que se encuentra en el extractivismo, basado en la expropiación, el despojo, la explotación, la depredación y la contaminación.

Se utiliza la perspectiva ecofeminista, combinada con un marco ecosocialista, para cuestionar el mensaje de que la “economía verde” y el llamado Desarrollo Sostenible pueden de alguna manera crear igualdad social y de género, reducir la pobreza, enfrentar la destrucción ecológica y combatir el cambio climático. En cambio, esta perspectiva muestra cómo el extractivismo puede entenderse como robo de cuerpos y territorios en una nueva fase de acumulación de capital donde las industrias extractivas se intensifican - desde recintos para energía eólica, minería y metales, carbón, petróleo, gas natural, soja, caña de azúcar, palma de aceite, maíz, carne para incluir bosques, paisajes naturales, etc. - contribuyendo directamente al etnocidio de los pueblos indígenas, despojando al campesinado, expropiando el suelo, destruyendo los ecosistemas, mientras que al mismo tiempo creando las condiciones para las violaciones de los derechos humanos y el aumento de la violencia contra las mujeres.

Organizando el “Enverdecimiento”: Del Desarrollo Neoliberal al Desarrollo Sostenible

En la década de 1970, particularmente en 1980s (crisis de la deuda), los países latinoamericanos se vieron obligados a abrirse aún más a las políticas centradas en el mercado, el llamado desarrollo neoliberal. Desde entonces, los bancos estadounidenses han estado utilizando las políticas de Estabilización del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de Ajuste Estructural (SAP) del Banco Mundial (BM) para reorganizar la producción social interna y la reproducción del mundo endeudado para favorecer la penetración del capital transnacional. La reestructuración implica establecer un nuevo modelo de acumulación, nuevos patrones de inversión y ahorro, nueva distribución del ingreso y la creación de nuevas formas de capital. A fines de la década de 1980, bajo el plan de reestructuración de la deuda se estableció el Plan Brady (1989) y el Consenso de Washington (1995), como resultado, los préstamos bancarios latinoamericanos se transformaron en bonos que podían negociarse fácilmente en los mercados financieros. La Enterprise Americas Initiative de los Estados Unidos propuso canjes de deuda utilizando fondos públicos para transferir empresas públicas de países endeudados a corporaciones privadas estadounidenses (Isla, 2015).

La Cumbre de la Tierra de 1992 abrió el camino para la gestión directa de la naturaleza y el desarrollo de los recursos humanos al dar responsabilidad a los Estados y al Banco Mundial. El Banco Mundial desarrolló un concepto clave, el capital natural, que se refiere a los bienes y servicios proporcionados por las reservas de agua, tierra, aire y recursos renovables y no renovables del planeta, como especies de plantas y animales, bosques y minerales (Hamilton 2001: 21). Como resultado, la crisis de la deuda (social) se entrelaza con la crisis ambiental en lo que se ha llamado "desarrollo sostenible". Este discurso sostiene erróneamente que las tensiones entre pobreza y ecología se resolverán en los países endeudados reconciliando los intereses económicos globales y los intereses ecológicos en el sistema de mercado (UNESCO, 1995). David Pearce y J. Jeremy Warford (1993), del Departamento de Medio Ambiente del Banco Mundial, destacaron la importancia del crecimiento y el desarrollo permanentes. Argumentan que el crecimiento del ingreso real per cápita se puede lograr sin una degradación importante, si se fija el precio correcto. Esto significa que los cálculos de precios para asignar el uso de recursos escasos (por ejemplo, agua, aire) deben basarse en las leyes de oferta y demanda que operan en el mercado. Kirk Hamilton (2001 p. 30), también del Banco Mundial, sostiene que una posible definición de desarrollo sostenible es el proceso de crear, mantener y administrar la cartera de activos de una nación en la contabilidad de activos nacionales. Estos activos deben incluir la construcción de infraestructura (carreteras), capital natural (minerales, energía, genética, tierras agrícolas, bosques, ríos, etc.), capital humano (educación, atención médica) y capital social (redes, sistema judicial, régimen político). Proponen que estos elementos deben estar integrados en el sistema económico como capital natural para integrarse en el marco del desarrollo sostenible y, por lo tanto, garantizar el crecimiento sostenible. Desde su perspectiva, las Medidas Genuinas de Ahorro amplían las definiciones de activos de la cuenta nacional.

En la Cumbre de la Tierra 2002 + 10, en Johannesburgo, Naciones Unidas argumentó que el Estado ha perdido su capacidad de liderar el Desarrollo Sostenible (DS) entendido como crecimiento económico, para enfrentar el Cambio Climático; por lo tanto, transfirió la responsabilidad del DS a corporaciones globales y sus accionistas. Se impulsó el extractivismo y se definió la minería como DS, a pesar de su modelo industrial centrado en los combustibles fósiles, que contribuye en gran medida al calentamiento global. Desde entonces, se incorporó protección legal adicional a las corporaciones para producir alternativas a los combustibles fósiles (paneles solares, energía eólica y geotermia) en la legislación y los códigos favorables al sector privado con respecto a los derechos de los extranjeros en los Tratados de Libre Comercio. Este defectuoso argumento sostiene que los alternativos emiten menos dióxido de carbono pero son más intensivos en minerales. Según el Banco Mundial, entre 2018 y 2150, el uso de grafito, cobalto y litio aumentará en un 450%; aluminio en 103 millones de toneladas y cobre en 23 millones de toneladas para 2050 (Banco Mundial, 2018). Todo esto representa una fuerte presión para los países del sur.

En la Cumbre de la Tierra 2012 + 20, otra vez en Río de Janeiro, se publicita inequívocamente la 'economía verde' como el proceso para erradicar la pobreza; más aún que la naturaleza debe monetizarse selectivamente y convertirse en bienes (agua) y servicios (bosques) comercializados en mercados. El Protocolo de Kioto (1997) inició el Pago por Servicios Ambientales (PSA) que luego evolucionó hacia la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD), REDD + (enfocado en el bosque de los países endeudados) y los Sistemas Europeos de Comercio de Emisiones (ETS) que utilizan los mercados mundiales para gestionar el bosque como un servicio medioambiental. Se paga una cantidad de dólares por cada hectárea de bosque. Sin embargo, también es relevante destacar que la medida de emisión-absorción de gases de carbono no es realmente posible, ya que los bosques son organismos vivos que respiran, son sistemas dinámicos y complejos, por lo que las mediciones siempre son estimaciones (U.S. Carbon Cycle). Nuevamente, este programa es problemático ya que los usuarios indígenas y campesinos de la tierra son descritos como los agentes más importantes de deforestación.

Críticas desde las Perspectivas Ecosocialistas y Ecofeministas: El “Enverdecimiento” del Extractivismo y los Costos Sociales

Ecosocialismo y ecofeminismo se unieron para denunciar la dinámica del modo de producción capitalista. Los ecosocialistas marxistas se han concentrado en las actividades destructivas del capitalismo en la esfera de la producción. Criticando al Banco Mundial, en relación al extractivismo, Eduardo Gudynas (2019) sostiene que desde el punto de vista de la ecología política, el componente Ambiental, en los actuales extractivismos, implican una remoción masiva de recursos naturales con elevados impactos ecológicos. Además argumenta que el intento de cuantificación total no tiene sentido, ya que hay componentes que no pueden ser monetarizados, o que si lo son, esa valuación adolece de muchas imperfecciones. Más aún, pone en evidencia que buena parte de esos emprendimientos son en realidad pérdidas netas, irreparables y perpetuas, del patrimonio social y ambiental de cada país. Por lo tanto, así como la calidad de vida de los trabajadores no se puede monetizar, tampoco puede monitorizarse la integridad de los ecosistemas que son desde donde se generan los excedentes. “Por ello, se puede señalar que en el momento en que se «crea» un recurso natural como una mercadería con un precio de mercado, en ese mismo acto, ya se generan excedentes que serán objeto de disputa social y política” (p. 19).

Es más, el argumento es que la civilización es un motor térmico y su economía es un flujo entrópico de energía (petróleo, gas, carbón, etc.) y materiales (aluminio, cobre, etc.). Elmer Altvater (1994) encontró importantes fuentes de contradicción en el funcionamiento del capitalismo al identificar los procesos naturales del tiempo y el espacio, descritos como "modalidad ecológica", así como el intento del capital de codificar y controlar el tiempo y el espacio con el objetivo de acelerar el proceso de acumulación de capital, definido como "modalidad económica". Altvater sostiene que las dos diferentes modalidades funcionando en el mismo espacio y tiempo entran en conflicto con una realidad territorial-social. Porque el tiempo biológico y la reproducción son más lentos que el tiempo económico o la producción de mercancías. Como el capitalismo es un sistema que solo entiende el valor en términos de capital dinerario, el impulso perpetuo hacia la acumulación a corto plazo, o "t" (tiempo económico), está en conflicto directo con los límites ecológicos de "T" (Tiempo Histórico) que permite y provee vida en este planeta. Al aplicar el principio de entropía en el uso de energía en la producción y el consumo, donde ninguna transformación de energía o materia es perfectamente eficiente, el autor concluye que el reciclaje es termodinámicamente imposible, por lo que la energía y la materia prima se usan solo una vez. Por tanto, la economía busca nuevas energías y materias primas de forma permanente, creando perturbaciones sociales y ecosistémicas. En consecuencia, el extractivismo ha ido creando condiciones, para lo que Foster et al. llaman “metabolic rift”, que consiste en el proceso constante de incorporar la naturaleza bajo el control del capital convirtiendo vastas regiones del planeta en “cielo abierto de polvo.” Este destructivo proceso en Estados Unidos ocurrió en los años 1930s y fue el producto histórico-social del capitalismo, imperio y colonialismo de los blancos, que destruyeron la cubierta terrestre y erosionaron el suelo. Surgió de la expropiación de las tierras indígenas, de los propios indígenas y de los suelos fértiles ”. (Foster et al, 2019, p.11)

Las ecofeministas socialistas han adaptado el marco marxista para explorar la dinámica entre producción y reproducción. Ellas se han centrado en el ámbito de la reproducción. Ubican los orígenes de la opresión en los sistemas interconectados de patriarcado, colonialismo y capitalismo. Las ecofeministas han considerado durante mucho tiempo las cuestiones del trabajo comunitario y no remunerado, el trabajo de las mujeres y la naturaleza como fundamentales para el crecimiento económico (Mellor, 2010; Bennholdt-thomsen y Mies, 1999). Ellas argumentan que el extractivismo declara a la Naturaleza como Muerta (Merchant, 1983, 2005); encierra los bienes comunes públicos y crea propiedad privada (Federici 2009); y sumerge nuestros cuerpos y nuestro trabajo como materia prima (Shiva, 1989).

La ecofeminista Maria Mies (1986) explica que el “ama de casa” (que hace trabajo no pagado) es una ideología para definir a algunos seres humanos y la naturaleza como carentes de valor. En el centro de su análisis está el conocimiento de que el patriarcado capitalista crea una dominación cruzada contra todo el trabajo "no asalariado". Como resultado, se expropia el trabajo no remunerado y/o mal remunerado de las mujeres a través de la violación, el acoso y las agresiones sexuales; se expropia el trabajo, el conocimiento y las economías de subsistencia de los campesinos, pueblos indígenas etiquetados como "desocupados" o "no utilizados" por quienes pueden hacerlos "productivos"; y por ultimo se destruye la naturaleza. A todos ellos (mujeres, campesinos, indígenas, y naturaleza) se les llama feminizados o "recursos". Para satisfacer los propósitos de la expansión del capital, deben ser apropiados, explotados, violados, extraídos y destruidos. Ariel Salleh sugiere que, dado que la relación de las mujeres con el capital y la naturaleza se ha construido de manera diferente a la de los hombres, la participación de las mujeres en todas las culturas en actividades de afirmación de la vida ha dado como resultado el desarrollo de conocimientos específicos de género basados en una base material y una realidad. Su concepto “Materialismo Incorporado” se refiere al conocimiento ecológico encarnado que reproduce el trabajo (mujeres); mantiene relaciones metabólicas con la naturaleza (campesinos); crea conocimiento laico (pueblos indígenas); e infraestructura biológica (naturaleza). Salleh (2004) usa el término meta-industrial-clase para describir a todos estos trabajadores reproductivos invisibles (como son, madres, campesinos, pueblos indígenas, y naturaleza).

En consecuencia, “enverdecimiento” cuestiona el mensaje de que el “Desarrollo Sostenible (DS) puede de alguna manera crear igualdad social y de género, reducir la pobreza, enfrentar la destrucción ecológica y combatir el cambio climático. En cambio, muestro que el enverdecimiento como DS puede entenderse como una nueva fase de acumulación de capital del capital global” (Isla, 2020, p.19). “Enverdecimiento”, denota la expropiación masiva de territorios, la depredación y contaminación del suelo y el despojo de los trabajadores, mediante

“la monetización de la naturaleza que requiere la devaluación de todas las demás formas de existencia social, transformando habilidades en deficiencias, bienes comunes en recursos, el conocimiento en ignorancia, la autonomía en dependencia, y los hombres y mujeres en fuerza de trabajo mercantilizada, cuyas necesidades requieren la mediación de los mercados. Por lo tanto, vistos a través del lente del ecofeminismo, estos aspectos del “enverdecimiento” se unen para hacer la guerra contra las mujeres, los productores de subsistencia y la naturaleza al formular un nuevo tipo de dominación, una basada en la pobreza y la insostenibilidad” (Isla, 2020, p. 21).

Tasando la naturaleza en valores monetarios para incorporarlas al mercado, el Desarrollo Sostenible no reconoce los sistemas de sostenimiento del trabajo social no remunerado y el tiempo de reproducción del mundo natural (Mies, Salleh, Mellor, Isla). Una economía construida excluyendo gran parte de la materialidad de las vidas humanas y no humanas destruye los ecosistemas. Solo aquellas personas que dependen de otros para mantener sus cuerpos pueden parecer ‘trascender’ sus condiciones materiales (Mellor). Consecuentemente, en el paradigma del “enverdecimiento”, dos condiciones exacerban la pobreza y la insostenibilidad: primero, los cuerpos de las personas pertenecen a los territorios que habitan. En contextos extractivos, la economía local se reorienta hacia la presencia de las corporaciones (minería, petróleo, etc.); como resultado, las personas en sus “comunidades pierden el acceso a los bienes naturales que históricamente les han permitido reproducir formas de economía ancestrales y solidarias” (Colectivo Miradas Críticas, 2017). El salario mínimo inadecuado que ofrecen las empresas se convierte en un instrumento de dependencia. “Lo femenino es considerado una naturaleza sumisa y subordinada que tiene que sostener la reproducción de la vida, incluso cuando los ecosistemas son destruidos” (Colectivo Miradas Críticas, 2017). Además, el aumento de las enfermedades provocadas por la contaminación del agua como consecuencia de las actividades extractivas, aumenta las tareas de cuidado que requieren los enfermos y que recaen exclusivamente en las mujeres. La naturaleza, como el cuerpo de la mujer, es considerada por las corporaciones como un territorio que hay que sacrificar para permitir la reproducción del capital; la naturaleza puede ser explotada, violada, extraída (Colectivo Miradas Críticas, 2017). La economía política del llamado Desarrollo es la segunda condición que agrava la pobreza. El crecimiento económico, alineado con dictaduras militares, la forma en que Estados Unidos y Canadá protegen a sus corporaciones sobornando o atropellando gobiernos, y / o el funcionamiento de la notoria Escuela de las Américas, también conocida como Escuela de Asesinos, ha creado la violencia que atraviesa el continente (SOA Watch). El extractivismo, expandido luego de la Cumbre de la Tierra de 2002, ha ido aumentando la militarización con la consecuencia de que los cuerpos son controlados, objetivados, apropiados, violados y en algún momento asesinados a quienes resisten el despojo. El militarismo se combina con violencia, desaparición forzada, feminicidios y violaciones. Se anima a los paramilitares que acompañan proyectos extractivos, como en Colombia y México (Zibechi, 2021). Como resultado, los proyectos extractivos profundizan el poder sobre el cuerpo de las mujeres provocando desigualdades de género incluyendo niñas/os..

La huella del extractivismo, como DS, en el cuerpo de las mujeres se expresa en el número de mujeres asesinadas o desaparecidas. Por ejemplo, el último informe del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, revela que en 2019 se produjeron al menos 4.640 feminicidios en la región, señalando que es en el Estado donde se producen niveles de impunidad, represión y violación por parte de agentes del Estado. A medida que la minería se expandió, para 2005, las mujeres indígenas, negras y rurales, que veían a sus hijos con diversas dolencias de salud, se declararon en rebelión y en abierta oposición al robo y la depredación cometidos por las empresas mineras transnacionales. Comenzaron a organizar “Encuentros Contra la Minería”, recabar información y actuar juntos en la defensa de sus territorios y sus derechos humanos desafiando a sus Estados y Sistema de Justicia que no trabajan por el bien común ni por el derecho a la vida (Ecuador, 2007). Como resultado, la violencia se dirige a estas mujeres y son hostigadas, estigmatizadas, desaparecidas y asesinadas.

La región está llena de movimientos antisistémicos, incluido el movimiento antifemicidio del que soy parte. En Argentina, ante la falta de respuesta judicial al feminicidio (2015) las mujeres crearon un movimiento llamado “Ni una Menos”, lo que significa que otra mujer muerta, no se puede tolerar!!!. Abrió el camino para “Un Violador en tu camino” del grupo chileno Las Tesis (2019), que comenzó como un acto de calle, durante la conmemoración de un nuevo Día Internacional Contra la Violencia de Género y el Estallido Social en Chile. El mensaje de la letra dice que “el patriarcado es un juez que nos critica por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves”. Afirma: "El estado represivo es un macho violador", antes de concluir que "el violador eres tú". El movimiento “Ni una Menos” y las líneas de “Un violador en tu camino” han traspasado fronteras y replicado en varios contextos.

En México, 3.752 mujeres fueron asesinadas en el año 2020 (Amnistía Internacional, 2021). Mujeres mexicanas denuncian feminicidio en 'Canción sin miedo' (2020). Aquí reproduzco alguna lírica de Vivir Quintana):

“Que tiemble el Estado, los cielos, las calles

Que tiemblen los jueces y los judiciales

Hoy a las mujeres nos quitan la calma

Nos sembraron miedo, pero nos crecieron alas

Por todas las compass marchando en Reforma (donde se encuentra la casa de gobierno)

Por todas las morras peleando en Sonora

Por las comandantas luchando en Chiapas

Por todas las madres buscando (sus hijos desaparecidos) en Tijuana

Cantamos sin miedo, pedimos justicia

Gritamos por cada desaparecida

Que resuene fuerte "¡Nos Queremos Vivas!"

Que caiga con fuerza el feminicide”

En resumen, estas mujeres se han convertido en un símbolo mundial de la ira de las mujeres y su repudio a la violencia misógina, la discriminación de género que impregna el mundo y la destrucción del planeta. En consecuencia, las ecofeministas están comprometidas no sólo a resistir las peores consecuencias de este sistema y su expansión, sino a trabajar hacia formas de organización social y económica totalmente diferentes, igualitarias, cooperativas, sostenibles y comunitarias.

La siguiente parte ilustra la economía política del extractivismo, también llamado “corredores,” expresada en luchas de clase / género / etnia, que tienen lugar en América Central y del Sur. El primer momento ilustra rebeliones al despojo masivo y depredación en Centroamérica por el Plan Puebla Panamá; y el segundo momento muestra las luchas contra la expropiación y explotación en América del Sur por parte de IIRSA

Primer Momento. Rebeliones contra la expropiación y despojo en Centroamérica bajo el Plan Puebla Panamá (PPP).

Las nefastas consecuencias sociales y ecológicas resultan de la generalización de la forma mercantil que se impulsa en la naturaleza y los seres humanos. En Centroamérica, el PPP surgió de la Agenda 21 y fue considerado como la principal iniciativa del Desarrollo Sustentable, con el objetivo de identificar y cuantificar la biodiversidad del área, organizar la infraestructura, contribuir a la reducción de la pobreza y las reparaciones ambientales (Banco Mundial, 2003). Ocho gobiernos - México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá - aceptaron el PPP, que involucra proyectos de infraestructura en un área de 1.026.117 km2 y afecta a casi 63 millones de habitantes. El PPP combinado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado en 1994 por Estados Unidos, Canadá y México, ensambló la globalización capitalista promoviendo la libre circulación de capitales y el libre comercio (pero no hay libre circulación de los trabajadores), así como el marco institucional para la propiedad y los contratos privados, estableciendo las condiciones para la acumulación de capital.

Los minerales han sido los insumos básicos de la producción industrial. En la economía mineral, los recursos del subsuelo y el agua son los principales medios de acumulación. Pero la minería es una actividad fundamentalmente insostenible que destruye los ecosistemas a través de la deforestación masiva, envenena el agua y las lagunas, convierte la tierra en desiertos, aumenta el tráfico, contamina los ríos y llena de químicos y metales pesados en los valles habitados. Además, las corporaciones mineras pagan pocos impuestos sobre la renta, más aún no pagan por la enorme cantidad de agua y energía que utilizan. Para expandir la minería, el capital necesita destruir la capacidad de autorreproducción de los individuos y las comunidades; por tanto, la minería es la que más conflictos ha generado, porque el acceso al agua para el cultivo y la ganadería está distorsionado por las actividades extractivas y agravado por los efectos del cambio climático.

Las comunidades resisten las incursiones violentas y corruptas de empresas e inversores respaldados por el gobierno y el ejército que operan en muchos sectores. Presionada por activistas indígenas, desde 1989, la Organización Internacional del Trabajo ha reconocido los derechos ancestrales de los pueblos indígenas. Pero en un marco desregulado no existe el derecho de la comunidad a rechazar las inversiones mineras. Los trágicos resultados de los proyectos mineros ocurren cuando las comunidades rurales se niegan a convertirse en socios en lo que perciben como el saqueo y la contaminación de sus tierras y recursos. En consecuencia, los disturbios civiles son la única opción que les queda a quienes no quieren la minería en sus áreas o territorios (Coumans, 2010). Además, “los gobiernos, incluidos muchos en América Latina, están siendo cada vez más blanco de reclamos multimillonarios de corporaciones para socavar los esfuerzos de las comunidades afectadas por la minería, los tribunales, e incluso los organismos internacionales de derechos humanos para proteger a las personas y al medio ambiente de los daños de la extracción de minerales ”(MiningWatch Highlights, 2017).

Cambiando la matriz energética y los patrones tecnológicos: Desorden Social y de la Naturaleza

Dentro del “ecologismo moderno”, los aerogeneradores son un factor clave en el cambio de matriz energética y patrón tecnológico. Pero las turbinas eólicas están hechas de acero (una aleación de hierro con cantidades variables de contenido de carbono que representan el 71-79% de la masa total de la turbina), fibra de vidrio, resina o plástico (11-16%), hierro o hierro fundido (5- 17%), cobre (1%) y aluminio (0-2%) (Banco Mundial, 2018). En México, su uso se expandió bajo la Comisión Federal de Electricidad de México y el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL), que depende del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE). Estos gobiernos organizaron la explotación del Istmo de Tehuantepec para la energía eólica, que es el área más estrecha del territorio mexicano que se encuentra entre los dos océanos, Pacífico y Atlántico. En su punto más estrecho, solo 200 km separan el Golfo de Tehuantepec y el Golfo de México. La región del Istmo tiene uno de los mayores potenciales de generación de energía eólica del mundo, calculado entre 5.000 y 7.000 MW de capacidad anual (Juarez y Leon, 2014). Como resultado, utilizando líneas de transmisión públicas, corporaciones privadas: la francesa EDF, la italiana ENEL, la australiana MacQuarie Infrastructure Fund, la holandesa PGGM, la japonesa Mitsubishi, la española Iberdrola, Gamesa, Acciona, Renovalia, Gas Natural Fenosa, Preneal, EYRA-ACS y las empresas mexicanas Peñoles, Grupomar, Cemex y Grupo Salinas, entre otras, se han apoderado del Istmo de Tehuantepec para parques eólicos (GRIETA).

Los proyectos eólicos se realizaron sin autorización de la comunidad ni evaluaciones de impacto ambiental. En 2014, existían 28 parques eólicos para la producción de electricidad cuyos beneficiarios son la minería, la agricultura intensiva, la producción de gas, los parques industriales maquiladoras y el ecoturismo, entre otros (OMAL). Esta infraestructura requirió el mapeo de las 59 localidades que habitan el istmo, la militarización y paramilitarización de la zona, y la creación de controles migratorios entre las fronteras de México y Guatemala. Estos proyectos han producido despojos entre los Olmeca, Zapoteca y otros pueblos indígenas que habitan el territorio. Han perdido la soberanía alimentaria debido al desplazamiento de la agricultura (por ejemplo, arroz, maíz, sorgo y caña) y la pesca, y también han perdido el conocimiento sociocultural. Se ha producido una ruptura del ser colectivo por el enfrentamiento entre comunidades y el crimen organizado para asustar a la gente, la generación de trabajos precarios, la prostitución y la migración forzada (Cruz, 2020). Para enfrentar el abuso se ha organizado la resistencia popular e indígena a través de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que controla el territorio y administra la seguridad y la justicia. Además, las mujeres zapatistas declararon en febrero de 2019 “Vamos a luchar con todo y con todas nuestras fuerzas contra estos megaproyectos. Si conquistan estas tierras será sobre la sangre de los zapatistas ”.

Max Binks-Collier (2020) examina las demandas históricas en curso de Hudbay Minerals, en Canadá. En 2004, el gobierno de Guatemala otorgó permiso a Skye Resources, una empresa minera con sede en Vancouver, para comenzar a trabajar en una gran área en el noreste de Guatemala que albergaba al menos a 20 comunidades mayas Q'eqchi ', incluida Lote Ocho. A principios de ese año, Skye había comprado los derechos de la mina de níquel a cielo abierto llamada Fénix, ubicada cerca de la ciudad mayoritariamente maya de El Estor, a la empresa minera canadiense INCO. Skye también compró la participación del 70 por ciento de INCO en su subsidiaria, EXMIBAL, que Skye luego renombró CGN. Pero la compra implicó a Skye adquirir las disputas no resueltas y de larga data sobre la tierra dejadas por INCO y el pasado violento de EXMIBAL. Por ejemplo, entre 2006 y 2008, CGN envió helicópteros para aterrorizar a quienes vivían en la tierra. La campaña de CGN culminó con dos oleadas de desalojos contra varias aldeas indígenas el 8, 9 y 17 de enero de 2007. Once mujeres de Lote Ocho fueron presuntamente violadas en grupo por policías, soldados y la seguridad de CGN durante el último desalojo. En consecuencia, estas mujeres han estado demandando a Hudbay Minerals Inc., una empresa minera con sede en Toronto que compró Skye en 2008, adquiriendo la responsabilidad legal de Skye. Cinco de las mujeres estaban embarazadas en ese momento; cuatro abortaron, y una, tres días después de su fecha de parto cuando supuestamente fue violada en grupo, dijo en una declaración que dio a luz a un mortinato que “era todo azul o verde”. Luego, hombres de los tres grupos (soldados, policía y seguridad de CGN) arrojaron gasolina sobre las chozas improvisadas y la ropa hecha jirones de las mujeres y las prendieron fuego. Los matrimonios se arruinaron irremediablemente. La comunidad empobrecida finalmente se dividió y se separó cuando algunos miembros aceptaron trabajos en CGN. Con el apoyo de Rights Action, (Archivos) el litigio, en busca de justicia, continúa en Canadá y Guatemala.

La ley de minería de 1998 en Honduras borró cualquier distinción entre concesiones de exploración y explotación, legalizó el uso de cianuro a cielo abierto, permitió la expropiación forzosa en caso de conflicto, redujo los impuestos a la minería y no estableció límites al uso del agua ni requisitos de cierre para las minas abandonadas . Sin embargo, en 2004, una coalición de oposición obligó al presidente a rechazar más de 60 concesiones mineras solicitadas y la suspensión de nuevas concesiones por decreto ejecutivo en espera de la aprobación de una nueva ley de minería (Bebbington y otros 2006). Además, la Corte Suprema dictaminó por unanimidad en 2006 que 13 artículos de la ley de 1998 violaban el “derecho fundamental a la convivencia armónica con el medio ambiente y al desarrollo sostenible” (Bebbington y otros 2006: 18-19). En 2007, el Comité Ambientalista del Valle de Siria, organizado por Comunidades alrededor de San Andrés (concesionada a la canadiense Greenstone Resources Limited) y San Martín (concesionada a la canadiense Goldcorp), reclutó estudios científicos sobre problemas de salud asociadas al uso de cianuro y los derrames y asociados con la muerte de peces. Denunciaron problemas de salud, como infecciones cutáneas, enfermedades respiratorias, violencia sexual y psicológica y feminicidio (Honduras, 2007). Con resultados devastadores, el gobierno de Honduras aprobó una nueva ley general de aguas en 2007, promoviendo represas hidroeléctricas privadas. Entre la minería y las represas, cientos de defensores de los recursos de agua dulce para el ganado y los cultivos han sido asesinados y muchos otros silenciados. Entre los muertos en 2016 está Berta Cáceres, asesinada por liderar una campaña para evitar que la empresa privada de energía, Desarrollos Energeticos Sociedad Anónima, construya una represa hidroeléctrica en Agua Zarca. También han ocurrido informes de asesinatos de escuadrones de la muerte, contra los garífunas, debido a las actividades mineras y de aceite de palma vendido a los EE. UU. Y Europa para biocombustible (Spring y Russell, 2011). Continúan las amenazas y la violencia.

En 2004, después de dos años de búsqueda de oro en El Salvador, la Canadian Pacific Rim Mining Corporation solicitó permisos para comenzar a explotar cerca del río Lempa. Luego de varios años de negociaciones, maniobras políticas y conflictos con las comunidades locales que trágicamente le costaron la vida a cuatro activistas ambientales - una de ellas estaba embarazada de ocho meses- la solicitud fue rechazada por no haber cumplido con los requisitos normativos necesarios y se impuso una moratoria sobre todos los nuevos proyectos mineros (MiningWatch, 2011). En 2009, Pacific Rim demandó al gobierno de El Salvador por 250 millones de dólares, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, por supuestas pérdidas de ganancias potenciales debido a que no se le otorgaron permisos para su proyecto (MiningWatch, 2011). En este conflicto participaron varias organizaciones locales miembros de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica de El Salvador: Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES); Asociación para el Desarrollo de El Salvador, (CRIPDES); y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD). Ellos trabajaron con aliados internacionales, como el Instituto de Estudios de Política en Washington DC; Oxfam de EE. UU.; y MiningWatch Canada, por lo que la campaña fue sólida. Coordinaron protestas internacionales en Canadá, Australia y las oficinas del Banco Mundial. El caso fue cubierto por la prensa internacional. Para 2016, El Salvador obtuvo una enorme victoria legal y moral internacional, y Pacific recibió la orden de pagar $8 millones por los más de $12 millones en honorarios legales a El Salvador. En marzo del 2017, los legisladores introdujeron una ley que prohíbe las actividades de minería de metales en el país (MiningWatch, 2017).

En resumen, el PPP amplió el desorden al transformar los bienes comunes en recursos mediante la privatización de recursos públicos, como la energía eólica (para la electricidad eólica), la producción hidroeléctrica (para la minería), junto con la expansión de la infraestructura física, las carreteras, los mercados comerciales y otras empresas transnacionales. Para las mujeres y los hombres que dependen de sus bienes comunes locales para su sustento, el PPP representó un asalto a su entorno y significó pérdida de dignidad, independencia, seguridad, medios de vida, salud y, a veces, la pérdida de vidas. Además, a medida que la vida se vuelve insoportable bajo el PPP, miles de centroamericanos han huido de sus países hacia Estados Unidos, donde sufren una devastadora separación familiar (Deutsch, 2020).

La siguiente sección examina la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Esta incursión permitió a las empresas multinacionales operar sin evaluaciones de impacto, con adendas sucesivas, con arbitraje preferencial y sin competencia real. También examina la Conferencia sobre Cambio Climático (CCC) donde los bosques fueron reevaluados en términos del carbono que capturan. Un concepto clave en el mercado de créditos de carbono es el Pago por Servicios Ambientales (PSA), que es una transacción voluntaria en la que un comprador del mundo industrial paga a un proveedor por un servicio ambiental bien definido, como un parche de bosque o una forma de uso del suelo (Fatheuer, 2014).

Segundo Momento: Luchas contra el Despojo, Destrucción y Explotación en América del Sur - IIRSA

IIRSA, otro corredor, es un plan para vincular los recursos de América del Sur con los mercados del Norte. En 2000, bajo la iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, los Presidentes de los países de América del Sur se reunieron en Brasilia para discutir créditos para gobiernos interesados en la construcción de grandes infraestructuras para puertos, aeropuertos, carreteras, presas hidroeléctricas, ferrocarriles, gasoductos y telecomunicaciones (Isla, 2020). En el año 2009, se organiza COSIPLAN (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento) con el objetivo de “desarrollar una infraestructura para la integración regional, reconociendo y dando continuidad a los logros y avances de IIRSA incorporándose a su marco de trabajo”, esto es para la integración comercial entre los países miembros de UNASUR.(Union de Naciones Suramericanas). “En 2011, la Iniciativa IIRSA fue incorporada al Consejo como su Foro Técnico, para apoyarlo en la planificación de infraestructura de conectividad regional” (COSIPLAN). Pero no fue la inversión privada la que asumió los riesgos en la construcción de la infraestructura, sino la deuda externa del Estado, así como los impuestos a los usuarios que pagaron las obras de infraestructura. Como resultado negativo, los Estados ahora están involucrados en bonos de deuda externa centenarios, endeudando a generaciones hasta 2121. Por ejemplo, México tiene una deuda de 1.500 millones de euros; La deuda de Argentina es de $2.750 millones; y la de Perú es de US $4.000 millones (Bartenstein, 2020).

La infraestructura se ha centralizado en una nueva estructura de la comunidad empresarial internacional, representada por bancos brasileños, como BNDES y corporaciones, como Odebrecht y otras, aunque con socios estatales que conectan a los principales representantes políticos y organizaciones internacionales en sobornos, pagos a funcionarios, presidentes y ministros, licitaciones amañadas, contratos inflados, daño social y ambiental (Proética). IIRSA se ha convertido en un fiasco de infraestructura dejando a su paso la destrucción del bosque generando transformaciones que resultaron en la quema de más de 17.000 focos calientes en la Amazonia.

Entropía en la selva amazónica: destrucción de ecosistemas

La infraestructura de IIRSA aumentó la expropiación de los bienes comunes locales. Según el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) el 25% del territorio del Perú está cedido a empresas mineras, lo que confiere 48.000 derechos mineros. Como consecuencia, surgieron en Cajamarca luchas por la justicia ambiental, como el movimiento contra la minería a cielo abierto Yanacocha de Newmont Mining Corporation, Buenaventura y el Banco Mundial. Estas corporaciones esperaban expandirse a Minas Conga (9 veces más grande) como su próximo proyecto, pero encontraron la resistencia de los agricultores de subsistencia, los pueblos indígenas y la sociedad civil (Isla, 2019). El movimiento de resistencia se expandió cuando el 2 de junio de 2000 se derramaron aproximadamente 151 kilogramos de mercurio elemental contaminando las localidades de Magdalena, San Sebastián de Choropampa y San Juan, afectando un área de 50 kilómetros produciendo alto nivel de intoxicación en unas 1200 personas, contaminando ríos, arroyos, flora y fauna, y provocando la alteración de los ciclos naturales de la zona. El movimiento de oposición ha sido objeto de presencia policial y militar, represión, hostigamiento, persecución fiscal, detenciones ilegales, prisión y muerte. Después de varios contratiempos, el movimiento anti-minero vio la victoria con la resistencia de Máxima Acuña y su familia rural. En 2012, Yanacocha alegó que Máxima y su familia ocuparon sus tierras, y la Corte Peruana falló a favor de la corporación. El juez otorgó a cuatro miembros de la familia penas de prisión condicional, que luego fueron revocadas en 2014. Desde entonces, la familia ha sufrido más represión en manos de la policía y la seguridad privada de Yanacocha. En febrero de 2015, su casa fue demolida, en 2016, la cosecha de papa de la familia fue destruida y en 2019, su estanque de peces fue envenenado. El movimiento de resistencia apoyó a la familia reconstruyendo su casa y replantando sus campos (Isla, 2019).

El Pago por Servicios Ambientales entra en conflicto con la experiencia de la Amazonía indígena. La colonización y evangelización española y portuguesa los incorporó al comercio global, y el boom del caucho a principios del siglo XX, también los vinculó al capitalismo industrial, estas experiencias los convirtieron en los primeros habitantes que rechazaron y resistieron la colonización y el capitalismo hasta el día de hoy. Se mantuvieron firmes en sus ecosistemas boscosos, y su modo de producción se caracteriza por su alto grado de autonomía y libertad en la organización del trabajo. La sociabilidad se obtiene en la interacción entre los seres humanos (trabajo en grupo) y en la sinergia con los elementos del entorno biofísico donde el diálogo con el resto de la naturaleza sigue el ritmo que da el sistema cultural basado en Usos Comunes de Derechos; no dividen la vida en dos períodos - trabajo utilitario y ocio placentero - sus actividades conjugan lo útil y lo placentero; y la vida se construye en el ejercicio de la solidaridad, de acuerdo con los derechos y obligaciones sociales (Gashe y Vela, 2012). Su economía sobrevivió, a pesar de estar bajo una intensa presión de desarrollo por parte del petróleo, la minería, la plantación de cacao, la navegación, la deforestación, etc.

En la Amazonía de Perú, uno de los varios programas de REDD + es la Declaración Conjunta de Intención de Noruega y Alemania para reducir la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero (Sinia.Minam.gob.pe). El programa es administrado por WWF Inc. La principal Federación Indigena (AIDESEP) y las ONGs “ admiten que conseguir dinero ahora es un asunto impostergable porque no es posible una vida digna si no se tiene acceso a este medio de cambio” (Arce, 2018). Para integrar a las comunidades indígenas a la economía global, AIDESEP (la Federación Indígena más importante) y las organizaciones involucradas en REDD + como agentes del capital, han creado un concepto llamado Articulación con Identidad, lo que significa que algunos principios de la cultura Indígena están incluidos en el acuerdo (Espinoza, 2016). El Pago por Servicios Ambientales (PSA) está incorporando al mercado global a los pueblos indígenas en microempresas. De acuerdo con Rodrigo Arce (2018) esta perspectiva entra en conflicto, con las características que han regido a los pueblos Indígenas, en dos frentes. Por un lado, en una sociedad capitalista existe un legítimo deseo de “tener mejores ingresos para mejorar la calidad de vida pero de otro lado, significa revisar, modificar o incluso eliminar algunos rasgos propios de los pueblos Indígenas…” Entonces, si estas organizaciones quieren integrar a los pueblos indígenas a la economía global, tendrán que “transformar la biodiversidad por la agroexportación porque eso es lo que da dinero, no, el bosque.” Pero este esquema choca con el reconocimiento de que la pérdida de bosques es un factor central en el cambio climático. Además, las ONG insisten en que para una mejor integración de los pueblos indígenas en los mercados, se necesitaría la “flexibilización” del concepto de territorio, creando la posibilidad de que se puedan incorporar otras figuras al bosque, como el reconocimiento de la propiedad privada, modalidades de arrendamiento de tierras comunales, o invitación a terceros para uso o explotación de recursos (Arce, 2018). Dado que el territorio constituye el activo social y cultural más importante para los pueblos indígenas, si los territorios se alquilan, REDD + se convierten en compensaciones basadas en REDD +, como tales, no representan reducción de emisiones; en cambio, representan otro medio de menor costo, por el cual las empresas pueden cumplir con su cuota de emisiones, admitiendo que las industrias contaminantes continúen o incluso expandan las operaciones corporativas que arruinan los bosques y el clima.

Otro ejemplo de devastación de la población local es la extracción de litio en Bolivia. El litio es otro factor clave en la "energía y tecnología sostenibles", lo que lleva a una disputa geopolítica sobre los recursos naturales y la consolidación del cambio hegemónico actual. El litio en Chile y Argentina es explotado por grandes multinacionales, pero en cambio el gobierno de Bolivia controla el recurso y explota el litio a través de la empresa nacional Yacimientos Litíferos Bolivianos. Esto permite a Bolivia ingresar al mercado mundial del litio sin depender de recursos, maquinaria, inversión, técnica o condiciones de las grandes multinacionales. Para industrializar el litio, Bolivia firmó acuerdos con ACI Systems Alemania (ACISA) y Xinjiang TBEA Group Co Ltd de China. Estos acuerdos en el patio trasero de los Estados Unidos desagradan a algunas corporaciones y financieras mineras con sede en los E.U. Como resultado, se impulsó un Cambio de Régimen (Sánchez, 2019). En 2019, la Organización de los Estados Americanos (OEA), al mando de su Presidente, hizo una falsa acusación de fraude electoral contra el gobierno de Evo Morales, lo que dio lugar a la traición militar y activó la más feroz represión contra el Movimiento al Socialismo (MAS) militantes (red de sindicatos, sociedad civil, indígenas, campesinos). Por ejemplo, la alcaldesa de Vinto - Cochabamba, Patricia Arce, a quien le cortaron el pelo, la cubrieron con pintura roja y la sacaron a la calle. El informe de la OEA sobre fraude electoral fue desmentido por prestigiosas instituciones (Long, 2020). En este circo, según Matt Kennard (2021) "la embajada del Reino Unido actuó como 'socio estratégico' del régimen golpista y organizó un evento internacional de minería en Bolivia cuatro meses después del derrocamiento de la democracia". También “[trajo] una empresa de ciberseguridad con estrechos vínculos con la CIA a Bolivia en marzo de 2019, ocho meses antes de la toma militar”. En contra del capital global, en noviembre de 2020, Luis Arce, del MAS, ganó abrumadoramente las elecciones. De esta manera, en Bolivia se repudió la tentación militar de tomar el poder político.

En suma, al convertir los bienes comunes locales en bienes comunes globales, IIRSA está subyugando y aniquilando a las mujeres, las comunidades indígenas, campesinas y la selva amazónica. Por ejemplo, hasta ahora, las mujeres y las comunidades indígenas con todos sus conocimientos y todas las formas de relacionarse con la naturaleza, que no se rigen por la ganancia y la explotación, están excluidos

Conclusión

El término “enverdecimiento” incluye toda la actual intensificación del extractivismo que prioriza el crecimiento económico a través de la militarización. Al detallar los procesos de extractivismo en América Central y del Sur, este artículo ha expuesto y examinado algunas de las hipocresías del capitalismo "verde" y el desarrollo sostenible definido por las corporaciones. PPP y IIRSA son proyectos capitalistas relacionados que comparten un punto en común: la expropiación y destrucción de los cuerpos, territorios y conocimiento indígenas en América Central y del Sur, reforzada por instrumentos de política colonial / racializada, y aplicada por las Naciones Unidas y sus instituciones, y los acuerdos de libre comercio. La mayoría de los proyectos se pagan con préstamos bancarios otorgados al estado endeudado para beneficiar a funcionarios locales corruptos y mafias internacionales. Los bienes comunes naturales (petróleo, minería, aire, agua, bosques, paisajes, etc.) son expropiados por corporaciones multinacionales. Las consultas internacionales firmadas (Convenio 169, OEA y otras resoluciones de las Naciones Unidas) pierden sentido; y cuando los ciudadanos latinoamericanos protestan, son asesinados o desaparecidos por la policía y sus agentes encubiertos, y en algunos países también por los paramilitares. Ante la crisis humana y planetaria del cambio climático es imperativo interrumpir el crecimiento económico, rebelarse y diseñar una nueva forma de vida.

Ana Isla es Profesora Emerita de Brock University, Canada; autora de The “Greening '' of Costa Rica. Women, Peasant, Indigenous People and the Remaking of Nature, University of Toronto Press. Editora de Climate Chaos: Ecofeminism and the Land Question, Inanna Publications; y co-editora del Handbook on Ecosocialism, que está siendo impreso por Routledge.
El título proviene de “La Militarización, Fase Superior del Extractivismo.” De Raul Zibechi.

References

Altvater, Elmer. 1994. “Ecological and Economic modalities of time and space.” En Is Capitalism Sustainable?: Political Economy and the Politics of Ecology, editado por Martin O’Connor. 76-89. New York, NY: Guilford Press.

Amnesty International. 2021. “Violence against Women and Girls.” https://www.amnesty.org/en/countries/americas/mexico/report-mexico/ (accessed April 14, 21)

Arce, Rodrigo. 2018. “Reflexiones a partir del Foro de Economia Indigena (FEI)”

https://www.servindi.org/actualidad-informe-especial/20/11/2018/aportes-la-conceptualizacion-sobre-la-economia-indigena

Bartenstein, Ben. 2020. “Peru’s 100-Year Bond Sale Shows Markets can defy political chaos.”

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-23/peru-is-selling-century-bonds-just-days-after-political-crisis (accedido en Noviembre 23, 2021).

Bebbington, Anthony, Benjamin Fash, and John Rogan. 2018. “Socio-Environmental Conflict, Political Settlements, and Mining Governance: A Cross-Border Comparison, El Salvador and Honduras.” Latin America Perspectives XX (3): 1-23.

Bennholdt-Thomsen, Veronika, and Maria Mies. 1999. The Subsistence Perspective: Beyond the Globalized Economy. New York: Zed Books.

Binks-Collier, Max. 2020. “Evicting Lote Ocho. How a Canadian Mining Company Infiltrate the Guatemala State.” The Intercept Sept 26, 2020. https://theintercept.com/2020/09/26/hudbay-skye-canada-mining-guatemala/ (accedido en Octubre 18, 2020).

U.S. Carbon Cycle Science Program. What is the Carbon Cycle? What is the science behind it?

https://www.carboncyclescience.us/what-is-carbon-cycle

Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. 2017. “Mapeando el Cuerpo-Territorio. Guía Metodológica para Mujeres que Defienden su Territorios.” Ecofeminism, Publicaciones y material multimedia, https://www.accionecologica.org/mapeando-el-cuerpo-territorio-guia-metodologica-para-mujeres-que-defienden-sus-territorios/ (accedido en Abril 23, 2021).

COSIPLAN “Historia”

https://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=121 (accedido en Agosto 13, 2021).

Coumans, Catherine. 2010. “Alternative Accountability Mechanisms and Mining: The Problems of Effective Impunity, Human Rights and Agency.” Canadian Journal of Development Studies 30 (1-2): 27-48.

Cruz, Lucilla. 2020. “La Disputa del territorio en el Istmo de Tehuantepec. No al Corredor Interoceánico.” Zoom presentation October 3.

Deutsch, Judith. 2020. “Child Emergency: Souls in Ice.” Socialist Project.

https://socialistproject.ca/2020/12/child-emergency-souls-in-ice/?fbclid=IwAR3w_qwyVfh0c-QOIZ4LwyNmMU08PcGBRwjOWK8Gi3U2hd2CtKMW9nETaV0 (Accessed on March 20, 2021).

ECLAC. 2020. “Gender Equality Observatory.”

https://oig.cepal.org/en/indicators/femicide-or-feminicide (accedido en Febrero 28, 2021).

Ecuador. 2007. “Declaración del Encuentro de los Pueblos por la Vida.

https://www.ocmal.org/3665/#more-106 (accedido en Nov. 20, 2020).

Espinoza, Roberto. 2016 “REDD+ Indigena Amazonico (RIA/Indigenos REDD+) Progress and Challenges”, in “UNREDDY: A critical look at REDD+ and indigenous strategies REDDY for comprehensive forest protection.” (accedido en Nov 18, 2018).

https://www.climatealliance.org/fileadmin/Inhalte/7_Downloads/Unreddy_EN_2016-02.pdf

Fatheuer, Thomas. 2014 Nueva Economía de la Naturaleza. Una Introducción Crítica. Berlin: Heinrich Boll Foundation, impreso.

Federici, Silvia. 2009. Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation. New York, NY: Automedia.

Foster, John Bellamy, Brett Clark, Hannah Holleman. 2019. “Capitalism and Robbery. The Expropriation of Land, Labour, and Corporate Life.” Monthly Review 71 (7).

GRIETA/ Medio para armar. Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec

https://www.grieta.org.mx/index.php/parques-eolicos/corredor-eolico-del-istmo-detehuantepec/#:~:text=El%20Istmo%20de%20Tehuantepec%20es,%2C%20Veracruz%2C%20Chiapas%20y%20Tabasco.&text=La%20región%20del%20Istmo%20presenta,7000%20MW%20de%20capacidad%20anual (accedido en Marzo 26, 2021).

Gudynas, Eduardo. 2019. “Excedente en el desarrollo: revisión y nueva conceptualización desde los extractivismos” en Estudios Críticos del Desarrollo | Segundo semestre 2019, volumen ix, número 17:p.25-56

Hamilton, Kirk. 2001. “Genuine savings, population growth and sustaining economic welfare.” Paper presented at Conference on Natural Capital, Poverty, and Development, Toronto, ON.

Honduras. 2007. “Comité Ambientalista del Valle de Siria.” January 30 .

https://www.ocmal.org/3661/ (accedido en Nov. 20,2020).

Isla, Ana. 2015. The “Greening” of Costa Rica. Women, Peasants, Indigenous People and the Remaking of Nature. Toronto: University of Toronto Press.

Isla, Ana. 2019.The Guardians of Conga Lagoon: Defending Land, Water and Freedom in Peru.’ In Climate Chaos. Ecofeminism and the Land Question, Edited by Ana Isla.Toronto: Inanna Publications & Education Inc.94-124.

Isla, Ana. 2020. “El enverdecimiento de las Américas: Mecanismos de gobernanza del capital global” in Estudios del trabajo desde el Sur. Vol 3 Repensar el sur desde el Estallido. Ariadna Ediciones, Chile. (19-38)

Juarez-Hernandez y Gabriel Leon. 2014. “Energía Eólica en el Istmo de Tehuantepec: Desarrollo, Actores y Oposición Social” in Revista Problemas del Desarrollo, 178 (45) p 139- 162.

Kennard, Matt. 2021. “Revealed: The UK supported the coup in Bolivia to gain access to its ‘white gold.’” Declassified UK. March 8, 2021.

https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-03-08-revealed-the-uk-supported-the-coup-in-bolivia-to-gain-access-to-its-white-gold/ (accedido en Marzo 11, 2021).

Long, Guillaume. 2019. “How the OAS, and the media’s lack of scrutiny, caused a violent coup in Bolivia.” Open Democracy. Nov. 25, 2019.

https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/how-the-oas-and-the-medias-lack-of-scrutiny-caused-a-violent-coup-in-bolivia/ (accedido en Nov. 2, 2020).

MiningWatch Canada. 2011.

MiningWatch Canada. 2017. “El Salvador – When the Seeds of Resistance Bloom.”

https://miningwatch.ca/blog/2017/5/31/el-salvador-when-seeds-resistance-bloom (accedido en Nov. 12, 2020).

Mellor, Mary. 2010. The Future of Money: From financial crisis to public resources. New York, NY: Pluto Press.

Merchant, Carolyn. 1983. The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution. San Francisco: Harper and Row.

Merchant, Carolyn. 2005. Radical Ecology. New York and London: Routledge.

Mies Maria. 1986. Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour. London: Zed Books.

Proetica. ”Caso Lava Jato.”

https://www.proetica.org.pe/casos-emblematicos/caso-lava-jato/ (Accessed Dec. 12, 2020).

March Rights Action. Nd. “Archives – Hudbay Mineral (INCO, SKYE Resources, Solway Investment Group).”

https://rightsaction.org/hudbay-minerals-archives (accedido en Diciembre 14, 2020).

OMAL (Observatorio de Multinacionales en America Latina). Nd. “The Wind Farm Corridor on the Isthmus of Tehuantepec (Oaxaca, Mexico).”

https://multinationales.org/IMG/pdf/enco_iberdrola_def.pdf (accedido en Marzo 15, 2021).

Pearce David & Jeremy Warford. 1993. World Without End: Economics, Environment, and Sustainable Development. New York, NY: Oxford University Press.

Salleh Ariel. 2004. “Global Alternatives and the Meta-Industrial class.” In New Socialisms: Futures Beyond Globalization, edited by Robert Albritton, Shannon Bell, and Richard Westra, 201–211. London, England: Routledge.

Sinia.Minam.gob.pe.2014. Material Educativo: Declaración Conjunta sobre REDD – Entre Perú, Noruega y Alemania. https://sinia.minam.gob.pe/documentos/declaracion-conjunta-intencion-dci-redd-entre-peru-noruega-alemania. (accedido en Nov. 23, 2020)

Shiva, Vandana. 1989. Staying Alive: Women, Ecology, and Development. London: Zed Books.

Sanchez, Agustina. 2019. “Detrás del Golpe: La Industrialización del Litio en Bolivia.” OCMAL. Nov. 29. https://www.ocmal.org/detras-del-golpe-la-industrializacion-del-litio-en-bolivia/ (Accessed April 23, 2021).

SOA Watch. Nd. http://soaw.or/home/ (accedido en Abril 23, 2021).

Spring, Karen, Russell, Grahame. 2011. “Military Coups, Mining & Canadian Involvement in Honduras.” Canadian Dimension 45 (1): 27–29.

UNESCO. 1995. “Declaration and Integrated Framework on Action on Education for Peace and Human Rights and Democracy.” General Conference. Twenty-Eighth Session. Paris. https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/%5BENG%5D%20Declaration%20and%20Integrated%20Framework%20of%20Action%20on%20Education%20for%20Peace%2C%20Human%20Rights%20and%20Democracy.pdf

Zibechi, Raul. 2021. “La Militarización, Fase Superior del Extractivismo.” La Jornada.

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/26/politica/la-militarizacion-fase-superior-del-extractivismo/ (accedido en Marzo 27, 2021).

World Bank. 2003. “Briefing: Shareholders and donors of Mesoamerican Biological Corridor Conference.” Paris, France: World Bank Conference Center. December 12-13.

World Bank. 2018. Minerals for Climate Action.

http://pubdocs.worldbank.org/en/961711588875536384/minerals-for-ClimateAction-The-Mineral-Intensity-of-the-Clean-Energy-Transition.pdf (accedido en Abril 23, 2020).

Que es el Ecofeminismo Socialista

Ana Isla, PhD *

El ecofeminismo es una teoría que trasciende las diferencias de género / sexualidad, clase, edad, etnia y especismo. Las ecofeministas socialistas han considerado durante mucho tiempo las cuestiones del trabajo comunitario y no remunerado, el trabajo de las mujeres y la naturaleza como fundamentales para el crecimiento económico. Introducen un elemento socioeconómico históricamente basado en el análisis mujer / ecología, atendiendo a los problemas ambientales que afectan particularmente a las mujeres económicamente desfavorecidas, como las mujeres de los países del Tercer Mundo, las mujeres de color y los trabajadores pobres.

Que es el Ecofeminismo Ecosocialista

El ecofeminismo socialista y el ecosocialismo se unieron para denunciar la dinámica del modo de producción capitalista. Los ecosocialistas marxistas se han concentrado en las actividades destructivas del capitalismo en la esfera de la producción. Argumentan que la civilización es un motor térmico y una economía es un flujo entrópico de energía (petróleo, gas, carbón, etc.) y materiales (aluminio, cobre, etc.). Elmer Altvater (1994) encontró importantes fuentes de contradicción en el funcionamiento del capitalismo al identificar los procesos naturales del tiempo y el espacio, descritos como "modalidad ecológica", así como el intento del capital de codificar y controlar el tiempo y el espacio con el objetivo de acelerar el proceso de acumulación de capital, definido como "modalidad económica". Sostiene que dos modalidades diferentes de espacio y tiempo entran en conflicto con una realidad territorial-social, ya que el tiempo biológico y la reproducción son más lentos que el tiempo económico o la producción de mercancías. Como el capitalismo es un sistema que solo entiende el valor en términos de capital dinerario, el impulso perpetuo hacia la acumulación a corto plazo, o "t" (tiempo económico), está en conflicto directo con los límites ecológicos de "T" (tiempo histórico) que permite y provee vida en este planeta. Al aplicar el principio de entropía en el uso de energía en la producción y el consumo donde ninguna transformación de energía o materia es perfectamente eficiente, concluye que el reciclaje es termodinámicamente imposible, por lo que la energía y la materia prima se usan solo una vez. Por tanto, la economía busca nuevas energías y materias primas de forma permanente, creando perturbaciones sociales y eco-sistémicas.

Las ecofeministas socialistas han adaptado el marco marxista para explorar la dinámica entre producción y reproducción. Se centran en la esfera de la reproducción y la responsabilidad de la mujer en ella, y ubican los orígenes de la opresión en los sistemas interconectados de patriarcado, colonialismo y capitalismo. La fuente de la dominación masculina es el trabajo que resultó de una economía patriarcal capitalista dominada por hombres y una esfera doméstica en la que el trabajo de las mujeres en el hogar no era remunerado.

Carolyn Merchant (1983) sostiene que el surgimiento de la ciencia y la tecnología modernas se basó en el ataque violento y la violación de la Madre Tierra. Establece dos contradicciones en el funcionamiento del desarrollo. Primero, surge del asalto de las fuerzas económicas de producción a las condiciones ecológicas locales. En segundo lugar, parte de los ataques de la producción a la reproducción biológica y social. Aboga por una "ecología radical" en la que los movimientos sociales reemplacen a las clases sociales como agentes políticos, como los movimientos bio-regionales, la lucha de base y las campañas ambientales convencionales. También concluye que el ecofeminismo debe dar énfasis tanto a la producción como a la reproducción.

Marilyn Waring (1988) sostiene que el sistema económico internacional (PIB) construye la realidad de una manera que excluye la mayor parte del trabajo de las mujeres, el trabajo campesino e indígena y la naturaleza. Que las medidas económicas oficiales de producción solo cuentan la producción para el mercado y no dan valor a la naturaleza, el trabajo de reproducción de las mujeres u otro trabajo de producción (principalmente en el Sur) que no está mercantilizado.

Mary Mellor (1992) sostiene que las ecofeministas se han centrado en el ámbito de la reproducción, donde identifican un vínculo entre la subordinación y subyugación de las mujeres, y la explotación y el daño ambiental. “El materialismo del ecofeminismo enfatiza la inmanencia (personificación y arraigo) de la existencia humana. El punto de partida material es que los seres humanos existen como seres en un entorno natural. Como seres encarnados, la humanidad no puede evitar el ciclo biológico de nacimiento, maduración y muerte. El desarrollo humano también está integrado en un marco ecológico particular. En este proceso, la humanidad actúa sobre la naturaleza con consecuencias materiales para el marco ecológico. (page. 7)

Silvia Federici (2009) describe el alambramiento (encerramiento) como un fenómeno histórico y contemporáneo. Eso es el cerco de los bienes comunes mediante la eliminación de los derechos consuetudinarios de las personas. El alambramiento, iniciado en Inglaterra alrededor de 1500, continúa a través del enjaulado de los parques nacionales. Con el cercado de la tierra común, los aspectos sociales de una comunidad y su autonomía fueron recortados e incluso eliminados. El cercado de los bienes comunes y la caza de brujas en Europa, produjo una nueva división sexual del trabajo en la que la posición de las mujeres como proveedoras de la sociedad se redefinió en relación con los hombres, como esposas, hijas, madres y viudas, todos los cuales “escondieron sus condición de los trabajadoras, al tiempo que se les da a los hombres acceso libre a los cuerpos de las mujeres, su trabajo y los cuerpos y el trabajo de sus hijos. Con el advenimiento del capitalismo, el trabajo reproductivo de la mujer se puso al servicio de un sistema internacional de acumulación, los vientres de las mujeres se convirtieron en propiedad pública, produciendo la fuerza de trabajo.

Maria Mies (1986) conecta la subordinación de la mujer, la degradación de la naturaleza y la economía capitalista. Ella explica que ‘el ama de casa’ es una ideología para definir que algunos seres humanos y la naturaleza no tienen valor, y argumentó que el patriarcado capitalista estaba condenando a las mujeres a ser la "ama de casa" y, por lo tanto, a la responsabilidad de la esfera de la reproducción. Ella vio ‘el ama de casa’ como un aspecto de un sistema de explotación que abarcaba el trabajo mal remunerado o no remunerado de las mujeres, la destrucción del medio ambiente natural y la colonización de los recursos y conocimientos de los pueblos indígenas de todo el mundo. En el centro de su análisis está el conocimiento de que el patriarcado capitalista crea una dominación cruzada contra todo el trabajo "no asalariado". Como resultado, la expropiación del trabajo no remunerado y mal remunerado de mujeres (personas homosexuales, transexuales, LGBTQ); la expropiación del trabajo, el conocimiento y las economías de subsistencia de los campesinos, pueblos indígenas etiquetados como "desocupados" o "no utilizados", y por lo tanto fácilmente apropiados por quienes pueden hacerlos "productivos"; y la destrucción de la naturaleza. Todos se denominan cuerpos feminizados o "dotados de recursos", y para adaptarse a los propósitos de la expansión del capital, deben ser apropiados, explotados, violados, extraídos y destruidos.

Veronika Bennholdt-Thomsen y Maria Mies (1999) han descubierto el funcionamiento del capitalismo en “The Tip of the Iceberg Model”.

En el contexto de la perspectiva de subsistencia, la contradicción Capital/Trabajo significa:

•primero, la expropiación del trabajo no remunerado y mal remunerado de las mujeres se realiza a través de la violación, el acoso y las agresiones sexuales; • segundo, la expropiación del trabajo, el conocimiento y las economías de subsistencia - de los campesinos, los pueblos indígenas es a través del genocidio. Sus tierras están etiquetadas como "desocupadas" o "no utilizadas" y, por lo tanto, se las pueden apropiar fácilmente por quienes pueden hacerlas "productivas";

• tercero, la expropiación de la naturaleza se produce mediante la destrucción. Estas autoras argumentaron que el consumismo capitalista occidental debería ser reemplazado por un retorno a la producción de subsistencia.

Ariel Salleh (2004) explora el "materialismo encarnado" y vincula la naturaleza, las mujeres, el trabajo y el capitalismo con una contradicción más profunda que la que existe entre el capital y el trabajo. En este marco, la interconexión es de sentido común. Salleh considera que el capitalismo tiene una “deuda” en tres niveles: deuda social con el trabajo explotado, deuda incorporada con el trabajo reproductivo y deuda ecológica por daños al metabolismo natural. El ‘materialismo encarnado’ es un conocimiento ecológico encarnado que reproduce el trabajo (mujeres); mantiene relaciones metabólicas con la naturaleza (campesinos); crea conocimiento laico (pueblos indígenas); e infraestructura biológica (naturaleza). Sin embargo, los cuerpos feminizados son vistos como un "recurso natural" para reproducir la fuerza de trabajo, los cuerpos de las personas colonizadas son vistos como recursos por su sexualidad, su trabajo esclavo, su ADN, etc.

En resumen, el ‘materialismo encarnado’ es:

• La mano de obra reproductiva con capacidad de aprovisionamiento, tiene un interés material común en desafiar las nociones capitalistas de desarrollo;

• Trabajo que no deje deuda ecológica;

• Reproduce la infraestructura biológica necesaria para todos los sistemas económicos;

• Ecológicamente benigno, por lo que su calidad sustenta las relaciones metabólicas con la naturaleza;

• Trabajo reproductivo práctico que crea conocimientos legos de tipo económico y ecológico;

• Una clase de trabajadores que bien pueden ser los más apropiados “agentes de la historia” (la masa crítica) en este momento.

Saleh usa el término clase meta-industrial para describir a todos los trabajadores reproductivos invisibles (por ejemplo, madres, campesinos, pueblos indígenas, naturaleza) (Salleh 2004). Los trabajadores meta-industriales que encarnan el materialismo están fuera del sistema económico (madres, campesinos, indígenas) cuyo trabajo no asalariado sustenta procesos naturales pero son explotados por los mercados capitalistas.

El ecofeminismo materialista desafía directamente la sostenibilidad de las sociedades contemporáneas, así como su reestructuración económica, el llamado Desarrollo Sostenible.

Crítica Ecofeminista al Capitalismo “Verde”

Los economistas del Banco Mundial propusieron que la ecología debe estar incrustada en el sistema de precios, es decir, la naturaleza requiere un mundo totalmente monetizado para estar protegida. Dentro del llamado Desarrollo Sostenible (DS), desarrollaron un concepto clave: Capital Natural que se refiere a los bienes y servicios que brindan las reservas de agua, tierra, aire y recursos renovables y no renovables del planeta, como plantas y animales. especies, bosques y minerales. Desde una perspectiva ecofeminista, en el capitalismo verde el alambrado de los comunes; La "ama de casa" y la expropiación de campesinos y pueblos indígenas continúa cuando se asigna valor monetario a los bienes comunes, lo que los obliga a adquirir nuevos roles como proveedores de servicios en nuevas industrias (ecoturistas y microempresarios); y la destrucción de la naturaleza.

Una economía construida excluyendo gran parte de la materialidad, de las vidas humanas y no humanas, destruye los ecosistemas. Mi libro The “Greening” of Costa Rica. Women, Peasants, Indigenous People, and the Remaking of Nature (El "enverdecimiento" de Costa Rica. Mujeres, campesinos, indígenas y la reconstrucción de la naturaleza) (2015) analiza diferentes clases de deudas: deuda financiera, deuda incorporada al trabajo reproductivo y deuda ecológica. Describe el papel de algunas ONG ambientales como intermediarios entre los recursos de los países endeudados y las grandes corporaciones involucradas en la reestructuración económica y la globalización. Las ONG han estado estableciendo alambrados (Parques Nacionales) y 'dando' valores monetarios a los 'Bienes Comunes Globales' de la periferia endeudada, como la biodiversidad para la Biotecnología y los Derechos de Propiedad Intelectual, los bosques para los créditos de carbono y los paisajes para el ecoturismo, con el propósito de exportarlos a las Bolsas de Valores (de Nueva York y otros).

Las economías basadas en las ganancias no asumen la responsabilidad del ciclo de vida humano y no humano. En América Latina, “Enverdeciendo” cuestiona el mensaje de que el Desarrollo Sostenible (DS) puede de alguna manera crear igualdad social y de género, reducir la pobreza, enfrentar la destrucción ecológica y combatir el cambio climático. En cambio, muestra que SD es la etapa más alta del extractivismo (Isla forthcoming) que puede entenderse como una nueva fase de acumulación del capital global. “Enverdecimiento”, denota la expropiación masiva de cuerpos y territorios, la depredación y contaminación del suelo y el despojo de los trabajadores, mediante la monetización de la naturaleza que requiere la devaluación de todas las demás formas de existencia social, transformando habilidades en deficiencias, bienes comunes en recursos, conocimiento en ignorancia, autonomía en dependencia y hombres y mujeres en fuerza de trabajo mercantilizada cuyas necesidades requieren la mediación de los mercados. Por lo tanto, vistos a través del lente del ecofeminismo, estos aspectos del “enverdecimiento” se unen para hacer la guerra a las mujeres, los productores de subsistencia y la naturaleza mediante la formulación de un nuevo tipo de dominación basada en la pobreza y la insostenibilidad.

El paradigma del “enverdecimiento” primero exacerba la pobreza y segundo intensifica la insostenibilidad: primero, los cuerpos son parte de los territorios que habitan las personas. Entendemos el cuerpo como un territorio político a defender. Los proyectos extractivos profundizan las relaciones de poder de Género, provocando mayores desigualdades hacia la mujer y la infancia, alterando los ciclos que reproducen la vida, lo que implica mayor control y violencia hacia el cuerpo de la mujer. Por ejemplo, las ecofeministas latinoamericanas revelaron que “cuando hay conflicto en los territorios sentimos un dolor que se materializa directamente en el cuerpo y específicamente en los cuerpos de las mujeres. Pensamos en el cuerpo como nuestro primer territorio y reconocemos el territorio en nuestros cuerpos: cuando se violan los lugares que habitamos, se afectan nuestros cuerpos, cuando se afectan nuestros cuerpos, se violan los lugares que habitamos. (Colectivo Miradas Críticas 2017). En segundo lugar, el crecimiento económico en los últimos bienes comunes exacerba la pobreza. Está alineado con dictaduras militares, la forma en que los poderes protegen sus corporaciones sobornando o atropellando gobiernos, y / o a través del funcionamiento de su notoria Escuela de las Américas, también conocida como Escuela de Asesinos, que ha creado la violencia que recorre el continente. (SOA). La militarización controla, convierte los cuerpos en objetos, se apropia, viola y, a veces, mata a quienes se resisten al despojo. El militarismo se combina con violencia, desaparición forzada, feminicidios y violaciones.

En América Latina, la impronta del extractivismo, como Desarrollo Sostenible, se expresa en el número de mujeres asesinadas o desaparecidas. Por ejemplo, el último informe del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), revela que en 2019 se produjeron al menos 4.640 feminicidios en la región, señalando que es en el Estado donde se registra el mas alto nivel de impunidad, represión y violación por parte de agentes del Estado. A medida que la minería se expandió, para 2005, las mujeres indígenas, negras y rurales, que veían a sus hijos con diversas dolencias de salud, se declararon en rebelión y en abierta oposición al robo y la depredación cometidos por las empresas mineras transnacionales. Ellas comenzaron a organizar “Encuentros (Encuentros) Contra la Minería”, recabar información y actuar juntas en la defensa de sus territorios y sus derechos humanos desafiando a sus Estados y Sistema de Justicia que no trabajan por el bien común ni por el derecho a la vida ( Ecuador 2007). Como resultado, la violencia se dirige a estas mujeres y son hostigadas, estigmatizadas, desaparecidas y asesinadas.

Esta región está llena de movimientos antisistémicos, incluido el movimiento anti feminicidio. En Argentina, ante la falta de respuesta judicial al feminicidio (2015) las mujeres crearon un movimiento llamado “Ni una Menos”, lo que significa que la muerte de otra mujer, no se puede tolerar. Abrió el camino para “Un Violador en tu camino” del grupo chileno Las Tesis (2019), que comenzó como un acto de calle, durante la conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia de Género y El Estallido Social en Chile. El mensaje de la letra dice que “el patriarcado es un juez que nos critica por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves”. Afirma: "El estado represivo es un macho violador", antes de concluir que "el violador eres tú". El movimiento “Ni una Menos” y las líneas de “Un violador en tu camino” han traspasado fronteras y en algunos casos se han modificado según el contexto de cada país o ciudad donde se ha replicado.

“Que tiemble el Estado, los cielos, las calles

Que tiemblen los jueces y los judiciales

Hoy a las mujeres nos quitan la calma

Nos sembraron miedo, pero nos crecieron alas

Por todas las compass marchando en Reforma (donde se encuentra la casa de gobierno)

Por todas las morras peleando en Sonora

Por las comandantas luchando en Chiapas

Por todas las madres buscando (sus hijos desaparecidos) en Tijuana

Cantamos sin miedo, pedimos justicia

Gritamos por cada desaparecida

Que resuene fuerte "¡Nos Queremos Vivas!"

Que caiga con fuerza el feminicide”

La Política Económica del Ecofeminismo

En el modelo ecofeminista donde las mujeres (género / sexualidad), campesinos y comunidades indígenas, son las organizadoras y coordinadoras de los conflictos sociales, deben ser los líderes de las nuevas revoluciones. Estos sectores activos no pueden ser aprisionados en un modelo económico que atenta contra sus vidas. Se resisten a convertirse en proletarios, luchan contra la condición de asalariados, y pretenden superar y no reproducir el sistema actual. Por lo tanto, las ecofeministas combinan enfoques feministas, ecológicos y socialistas de manera explícita en la Contradicción Fundamental.

En resumen, los/las trabajadores meta-industrial y los/las trabajadores asalariados son un símbolo mundial de la ira de las mujeres y su repudio a la violencia misógina, la discriminación de género que impregna el mundo y la destrucción del planeta. En consecuencia, las ecofeministas y ecosocialistas están comprometidas no solo a resistir las peores consecuencias de este sistema y su extensión, sino a trabajar hacia formas de organización social y económica comunitarias, cooperativas, sostenibles y de igualdad totalmente diferentes, y minimizar el impacto humano en el mundo natural.

Conclusión

El ecofeminismo socialista ha creado conceptos para desafiar nuestro mundo actual: conceptos de bienes comunes en oposición a la privatización como los parques nacionales (Federici); 'ama de casa' entendida como trabajo mal pagado o no remunerado (Mies); el aprovisionamiento para abolir la separación de las dos esferas de producción y reproducción (Mellor); trabajadores meta-industriales son los líderes de la nueva revolución (Salleh); revitalizan las economías de subsistencia (Bennholdt-Thomsen y Mies); y son los contendientes del "enverdecimiento" contra la mercantilización de las reservas de recursos renovables y no renovables del planeta (Isla). Todas ellas buscan lograr un equilibrio entre las necesidades humanas, las necesidades de otras especies y las necesidades del medio ambiente. Estos argumentos sostienen que el ecosocialismo debe ser ecofeminista.

Bibliografía

Altvater, Elmer. 1994. “Ecological and Economic modalities of time and space.” In Is Capitalism Sustainable?: Political Economy and the Politics of Ecology, edited by Martin O’Connor. 76-89. New York, NY: Guilford Press.

Bennholdt-Thomsen, Veronika, and Maria Mies. 1999. The Subsistence Perspective: Beyond the Globalized Economy. New York: Zed Books.

Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. 2017. “Mapeando el Cuerpo-Territorio. Guía Metodológica para Mujeres que Defienden su Territorios.” Ecofeminism, Publicaciones y material multimedia, https://www.accionecologica.org/mapeando-el-cuerpo-territorio-guia-metodologica-para-mujeres-que-defienden-sus-territorios/ (Accessed on April 23, 2021).

Federici, Silvia. 2009. Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation. New York, NY: Automedia.

Isla, Ana. 2015. The “Greening” of Costa Rica. Women, Peasants, Indigenous People and the Remaking of Nature. Toronto: University of Toronto Press.

Isla Ana (forthcoming)

Mellor, Mary. 1992. Breaking the Boundaries: Towards a Feminist, Green Socialism. London: Virago.

Merchant, Carolyn. 1983. The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution. San Francisco: Harper and Row.

Mies Maria. 1986. Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour. London: Zed Books.

Salleh Ariel. 2004. “Global Alternatives and the Meta-Industrial class.” In New Socialisms: Futures Beyond Globalization, edited by Robert Albritton, Shannon Bell, and Richard Westra, 201–211. London, England: Routledge.

*Ana Isla es Profesora Emerita del Departamento de Sociologia y del Centro de Estudios sobre Mujeres y Genero de Brock University, Canada. Ella es Peruana de Nacimiento.