Entrevistas al Poder
El laboratorio del imperio
TRADUCCIÓN: FLORENCIA OROZ
Hace más de 150 años, Estados Unidos se estrenó como potencia imperial en Centroamérica. Hoy la región concentra todas las contradicciones de un imperio a la deriva.
A lo largo del siglo XX, Centroamérica fue percibida como un «laboratorio del imperio», según la formulación del historiador Greg Grandin. La premisa de este enfoque es que, entre la guerra contra México, el descubrimiento de oro en California y la presencia de filibusteros como William Walker en Nicaragua, la región sufrió en primera persona el impacto del expansionismo estadounidense. Con la aceleración de la industrialización tras el final de la Guerra de Secesión (1861-1865), Estados Unidos se incorporó al mundo imperial. La intervención en Cuba, disfrazada de guerra hispano-estadounidense (1898), seguida de la escisión en Panamá, que fue el origen del canal (1903-1904), presagiaron continuas intervenciones en la región: el «gran garrote» había llegado para quedarse.
Desde entonces, en Centroamérica se diseñaron y experimentaron formas de dominación política y de subordinación económica que se han globalizado, orientando las relaciones de Estados Unidos con el Tercer Mundo. En este sentido, se puede decir que la región estuvo a la vanguardia del imperialismo.
Sin embargo, las formas implacables de dominación generaron formas radicales de rebelión: las revoluciones se hicieron «inevitables», como escribió Walter LaFeber. Y la contrarrevolución, también. La radicalidad del desafío guerrillero se correspondió con un terrorismo de Estado sin parangón: en El Mozote, Rabinal o Comalapa se multiplicaron los Auschwitz. Así, Centroamérica no solo se convirtió en laboratorio del imperio, sino también en caricatura de América Latina, en tanto las características del subcontinente adquirieron allí rasgos extremos.
El terrorismo de Estado fue el capítulo centroamericano de la contrarrevolución mundial en la Guerra Fría. Mientras que en Sudamérica las guerrillas se enfriaron en los años 70, con algunas excepciones, en Centroamérica la lucha armada se prolongó. Como si la región batallara desesperadamente por escapar de un destino que, finalmente, habría de imponerse. Entre la derrota de la reforma encarnada por el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 y el ocaso de la revolución sellado con el revés sandinista en las urnas en 1990, se apagó todo un horizonte: el de la posibilidad de hacer de estos pueblos verdaderas naciones. Porque entre los días de William Walker y los de Ronald Reagan hubo un cambio crucial en la dinámica del sistema de capital, que todavía condiciona el presente de la región. La dominación imperialista, así como la resistencia que generó desde el siglo diecinueve, tuvo como telón de fondo un sistema capitalista en expansión sobre el que se construyó el poder de Estados Unidos.
Pero en el último cuarto del siglo veinte esta dinámica cambió. Desde entonces, el sistema se enfrenta a una crisis estructural, que se expresa en la imposibilidad de reanudar los ciclos de acumulación ampliada. La financiarización y el extractivismo son distintas respuestas a la misma crisis: en el primer caso, se adelanta el valor futuro; en el segundo, se intensifican los rasgos depredadores del sistema.
Si la dominación imperial en Centroamérica se constituyó y evolucionó en el marco de la expansión del sistema capitalista, ¿qué ocurre cuando el sistema abrazado por el imperio ya no ofrece ninguna promesa de civilización? ¿Qué queda cuando el desarrollismo al que aspiraban personajes como Arbenz ha perdido su lastre histórico, mientras que la revolución ha desaparecido de la agenda? ¿Qué significa hablar de imperialismo en un mundo donde el capitalismo ya no se expande y donde el imperio está a la defensiva?
Atracción y repulsión
En el siglo veinte, Estados Unidos y sus empresas succionaron la riqueza de la región. La United Fruit Company fue emblemática de esta realidad. En el siglo veintiuno, esta situación no ha cambiado por completo, pero existen otros elementos que la vuelven más compleja. Ahora sucede con frecuencia que es difícil determinar la nacionalidad de una empresa minera o agroindustrial, donde se confunden los actores transnacionales y los nacionales. Al mismo tiempo, los tratados de libre comercio restringen aún más la limitada soberanía de los Estados nacionales.
En 1952, el gobierno de Arbenz impulsó una reforma agraria que amenazaba el negocio de la United Fruit. Ésta tuvo que conspirar para derrocarlo. En 2017, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la minería a cielo abierto, fruto de una lucha comunitaria que adquirió relevancia nacional. La empresa agraviada no amenazó al gobierno, pero sí judicializó al Estado. Es cierto que la demanda se presentó en Washington y que la empresa en cuestión era estadounidense. Pero se trató de toda una arquitectura jurídica diseñada para defender el capital transnacional antes que a cualquier interés nacional. Pacific Rim Cayman exigió al Estado salvadoreño una indemnización de 250 millones de dólares por pérdida de beneficios potenciales. La demanda fue presentada ante el Centro Internacional de Registro de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial en Washington, al que El Salvador —de acuerdo con una cláusula del Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA)— está obligado a responder.
En resumen, el Estado salvadoreño debió defender ante un tribunal del Banco Mundial su derecho a denegar el permiso a explotar una mina a una empresa que demostró ser incapaz de cumplir los requisitos legales para hacerlo, gastando 12 millones de dólares en el proceso. En un fallo poco habitual, el Estado salvadoreño ganó el caso. Pero existen otros juicios similares en curso, interpuestos por empresas energéticas (como la estadounidense TECO, que demanda a Guatemala) o bancos (como el británico HSBC, que demanda a El Salvador). El elevado costo de estos juicios internacionales penaliza a los Estados centroamericanos, por no hablar de las exorbitantes indemnizaciones que se exigen.
Los tratados internacionales no sustituyen a los cañones, pero su poder de intimidación es comparable. En la práctica, es la soberanía violada por otros medios. Los TLC también han impulsado la industria maquiladora que, como sabemos, basa su rentabilidad en la explotación de mano de obra barata con escasa regulación. A su vez, la creación de zonas económicas especiales ha radicalizado la lógica de las plantaciones bananeras del pasado, formalizando la condición de enclaves económicos que contribuyen poco a los ingresos del Estado y no generan cadenas de valor en el espacio nacional. En el campo, como ocurrió en México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la agricultura familiar y comunitaria se ha visto gravemente afectada. La región importa cada vez más alimentos (incluso el maíz de las tortillas). Entre la sobreexplotación de las maquilas y el endeudamiento del campo, vivir del trabajo es cada vez más difícil.
El resultado es que el principal producto de exportación de Guatemala, Honduras y El Salvador (y, cada vez más, también de Nicaragua) son las personas. La migración, cada vez más necesaria, se ha convertido en otra industria que explota la miseria. Por un lado, ofrece una válvula de escape a las tensiones sociales nacionales. Por otro, los inmigrantes aportan las remesas necesarias para equilibrar unas economías cada vez más deficitarias.
En la actualidad, el volumen de las remesas en Guatemala es casi igual a las exportaciones del país, y representan casi una quinta parte del PIB. Honduras y El Salvador se encuentran en una situación similar. Si en el siglo veinte la élite centroamericana servía al imperio para mantenerse en el poder, en el siglo veintiuno los centroamericanos de a pie trabajan para el imperio para mantenerse, a secas.
Resulta chocante constatar que ni siquiera la extraordinaria violencia producida por el terrorismo de Estado en la Guerra Fría y por la contrarrevolución en Nicaragua había expulsado a la gente de esta manera y a esta escala. Es difícil imaginar un testimonio más elocuente del poder corrosivo del neoliberalismo, que en este caso vino acompañado de los acuerdos de paz. Desde el punto de vista del pueblo, la paz fue la continuación de la guerra con otros medios. El neoliberalismo y la globalización encarnados en los TLC han erosionado el tejido social en el campo y en la ciudad. Pero también han configurado subjetividades individualistas y competitivas. Al mismo tiempo, el desencanto con las promesas de paz ha llevado a un descrédito de la política como vía para el cambio social.
El fenómeno migratorio revela una juventud que se moviliza para cambiar su vida a gran escala. En Guatemala, unos 300 jóvenes abandonan el país cada día con destino al norte. Si en la Guerra Fría los jóvenes se comprometían masivamente en una apuesta política —que podía tomar forma de sindicato, partido o guerrilla— hoy en día el inconformismo se canaliza según la gramática individual y competitiva de la migración. Los jóvenes que en el pasado lucharon por cambiar su país, ahora luchan por cambiar de país.
¿Cómo puede movilizarse una lucha antimperialista cuando el imperio es el objeto del deseo? ¿Cuando la ambición que mueve a los jóvenes es integrarse en el imperio, aunque sea en una posición subordinada, en lugar de superarlo? ¿El objetivo es integrarse en lugar de liberarse? Y, en el caso de los que se quedan, ¿cómo criticar al país del que proceden las remesas para una familia que de otro modo no encontraría sustento? Ciertamente, este deseo contiene mucha ambigüedad, en tanto viene acompañado de múltiples impotencias, privaciones y humillaciones inherentes al racismo. Además de la nostalgia. Pero, por regla general, lo que prevalece es el anhelo de integración, que opera incluso como estrategia de defensa frente a las humillaciones de quienes experimentan el desamparo.
Con este deseo llega también la incorporación de los valores del imperio, globalmente conocidos a través de la industria cultural. De ahí el interés de Nayib Bukele por legalizar el voto de la diáspora salvadoreña, que no siente la violencia doméstica en su piel pero se siente orgullosa de quienes pusieron a su país en el mapa, por muy cuestionables que sean la dictadura cool o el bitcoin como signos de modernidad.
Aceleración y contención
Atracción y repulsión se combinan de forma interesada en la relación de Estados Unidos con Centroamérica. Aquí no hay víctimas sino intereses: el trabajo de los migrantes, las importaciones de las maquilas, la depredación de los bienes naturales y el consumo de drogas son también negocios para el imperio. La ambivalencia de Estados Unidos hacia Centroamérica es estructural. Y, como tal, también configura su política.
Estados Unidos respaldó el golpe que derrocó a Manuel Zelaya en 2009 en Honduras para conjurar el fantasma del bolivarianismo en la región, encarnado en un presidente liberal que coqueteó con el ALBA y con cambios constitucionales que allanaran el camino para refundar el país. Entretanto, el golpe creó las condiciones para que la narcopolítica se apoderara del Estado. Bajo el liderazgo de Juan Orlando Hernández, Honduras se convirtió en un territorio de tráfico de drogas y en un productor masivo de migrantes.
Por ese motivo, trece años después, Estados Unidos vio con buenos ojos la victoria electoral de la esposa de Zelaya, Xiomara Castro. La expectativa es que este gobierno implemente políticas sociales, conteniendo el narcotráfico y la migración. El narcopolítico, por su parte, que dirigió el país durante dos mandatos tras el golpe, está a punto de ser detenido en Estados Unidos, como ya ocurrió con su hermano, condenado a cadena perpetua. Asimismo, funcionarios cercanos a JOH, como su mano derecha Ebal Díaz, están refugiados en la Nicaragua de Daniel Ortega, quien los protege de la extradición. En este antiimperialismo al revés, la tiranía de «izquierda» protege a los narcocriminales de «derecha» de la justicia estadounidense.
Al mismo tiempo, el gobierno de Xiomara Castro busca apoyo internacional —es decir, de Estados Unidos— para crear una comisión investigadora análoga a la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Al igual que en Guatemala, el objetivo es crear un organismo con el respaldo de la ONU, capaz de actuar con isonomía frente a la corrupción que incluye el poder judicial del país. El objetivo es desmantelar el Estado paralelo formado por los vínculos entre las empresas, la delincuencia y la política. El progresismo hondureño busca apoyo internacional para investigar a los criminales que el antiimperialismo orteguista protege.
Depredación y conservación
Una ambivalencia comparable rodea el trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y la cooperación internacional. En países en los que la financiación social estatal es mínima y la filantropía también, la resistencia social depende en buena medida de la cooperación internacional. Pero con disonancias trágicas: mientras en Guatemala Estados Unidos colabora con la elaboración de la memoria del terrorismo de Estado del que fue responsable, en El Salvador, país en donde reprimió los intentos de democratización desde abajo, apoya ahora la resistencia al autoritarismo legado por este pasado trunco.
A pesar de las contradicciones, las consultas e iniciativas de los movimientos populares más combativos de la región a menudo cuentan con el apoyo de la cooperación internacional. Lo mismo ocurre con el mejor periodismo de investigación independiente, que cumple una función ciudadana crucial. Esta situación provoca fricciones con los gobiernos. Un caso extremo es el orteguismo, que en 2022 anuló la personalidad jurídica de más de 900 organizaciones de la sociedad civil. Las entidades afectadas van desde asociaciones médicas hasta la fundación de los míticos hermanos Mejía Godoy, cantantes de la banda sonora de la revolución de 1979.
Ese mismo año, el mafioso presidente de Guatemala amenazó con expulsar a la USAID, acusada de «promover el indigenismo» en el país y de conspirar para implantar un Estado plurinacional «como en Chile». Curiosamente, hubo otro Estado plurinacional que expulsó a la USAID: Bolivia, en 2013. Mientras la USAID era acusada de indigenismo en Guatemala, la combativa Prensa Comunitaria del país publicaba un tuit recordando al expresidente Jacobo Arbenz, derrocado con el apoyo de la CIA en 1954. Tuit que fue a su vez replicado por el vecino Bukele en El Salvador como parte de una puesta en escena de la autonomía que, como toda su política, se apoya en la desinformación. Más al sur, Ortega insiste en el discurso antimperialista, aunque dos tercios del comercio exterior de Nicaragua es con Estados Unidos, mientras que el FMI nunca ha defraudado al régimen. Independientemente de cómo se describan estos regímenes, la desinformación no distingue entre ellos.
Reforma y barbarie
El drama de Centroamérica es que la exclusión de la competencia capitalista no la libera del sistema. Por el contrario, en una región que tiene poco que ofrecer como valor pero donde la reproducción de la vida está mediada por el dinero, la compulsión de valorizar se desata con toda violencia. Frente al extractivismo que expulsa a las poblaciones de sus territorios, las organizaciones de Honduras defienden el derecho a la permanencia. Sus compatriotas reclaman la posibilidad de emigrar, el derecho a irse. Pero los centroamericanos parecen no tener ninguno de los dos. Sin poder quedarse y sin poder irse, ¿cuál es su lugar en el siglo veintiuno?
En un mundo donde no caben otros mundos, la política imperial se preocupa cada vez más por salvar a los suyos. Incapaz de recrear la misión civilizadora de la época de Kipling —cuando la carga del hombre blanco implicaba forjar un mundo a su imagen y semejanza (pero también a su servicio)—, se limita a defender los intereses internos. Frente a la corrosión de la sociabilidad burguesa a escala mundial, el imperio no tiene más que construir muros. Y poco que combatir sino la droga y el «terrorismo», enemigos infinitos sin principio, medio ni final.
En esta realidad, la política de Estados Unidos hacia Centroamérica ya no se ocupa de los mercados y la revolución, sino de las drogas y la inmigración. Ambos implican el control de los cuerpos y la militarización de los espacios: si América Central sigue siendo un laboratorio, solo lo es de esta necropolítica en movimiento. Su mano derecha es el punitivismo que construye muros y llena cárceles. Su mano izquierda quiere sacar a los jóvenes de la migración y las drogas para que estén más seguros. En una región inviable en términos de la lógica del valor, las relaciones con Estados Unidos no pueden sino ser ambiguas.
En el mejor de los casos, la política estadounidense pretende salvar el mundo de los blancos a escala global. Ello significa preservar el caparazón liberal en un mundo cada vez menos liberal. De ahí las paradojas en Centroamérica, donde es posible encontrar a la cooperación internacional del lado de los «buenos» en el bang-bang regional. La lucha contra la corrupción, la política antidrogas, la libertad de prensa, el pensamiento crítico, la militancia ecologista, el indigenismo e incluso los derechos humanos son valores que encajan en la agenda liberal de salvar a su propio mundo. Salvar el mundo de los blancos a nivel global, en definitiva, significa defender las instituciones y los valores liberales que la propia dinámica del neoliberalismo erosiona. Ello explica la permanente ambivalencia de Estados Unidos, que no puede evitar la erosión inherente a esta forma social mientras que al mismo tiempo pretende preservarla (después de todo, su reino es en este mundo).
Esta dinámica corrosiva se mueve entre la aceleración de la crisis (como sucedió bajo el mandato de Trump) y los intentos por contenerla; entre la subversión —para mal— de los valores liberales y su defensa anacrónica. En un mundo en el que la subversión está encarnada por la derecha, los liberales a menudo convergen con la izquierda en la defensa de lo que queda de la sociabilidad de antaño.
Y es en el brazo internacional de esta política de contención donde se apoyan las diversas causas democráticas centroamericanas. Estados Unidos, que anuló la reforma agraria de Arbenz, apoyó hace unos años un proyecto de reforma agraria integral en Guatemala, que el Congreso terminó vetando. La propia elección de Xiomara Castro puede verse a la luz de esta dinámica: la aceleración de la crisis bajo Juan Orlando Hernández exigía su contención. Así, el mismo Departamento de Estado que apoyó el golpe en 2009 dio la bienvenida a Castro trece años después. En un contexto en el que Giammattei, Bukele y Ortega —aunque por diferentes motivos— tensan las relaciones con Estados Unidos, el gobierno de izquierdas hondureño se convierte en un posible aliado en la región.
La crisis sistémica del capital erosiona el tejido social, el medioambiente y los valores liberales a diferentes ritmos e intensidades según la posición de cada país en el sistema global. Y América Central, una región marginada del sistema, revela hoy los efectos de esta corrosión a un nivel avanzado. Excluida de un sistema totalizador que no admite extraños, la anomia centroamericana no puede aislarse y penetra en el centro imperial por sus poros, condicionando su política en términos muy diferentes a como supo hacerlo en el pasado. Así las cosas, la región que vivió uno de los capítulos más sangrientos de la contrarrevolución mundial durante la Guerra Fría vive ahora uno de los capítulos menos prometedores del desafío burgués: el de salvar su mundo… o acelerar su final.
FABIO LUIS BARBOSA DOS SANTOS
Profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de São Paulo.
¿Gustavo Petro gira a la izquierda?
UNA ENTREVISTA CON
LUCIANA CADAHIA
Fuente: Jacobinlat Mayo 7, 2023
Luego de nueve meses de gobierno en coalición con el Partido Liberal, Petro decidió realizar un cambio abrupto del gabinete. ¿Cuál es el significado de este giro?
La victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en las elecciones del 19 de junio de 2022 en Colombia despertó una ola de entusiasmo en América Latina. Atrás quedaba el uribismo y su Estado militarizado. Por primera vez, un gobierno progresista asumía en un país caracterizado por un conflicto armado crónico, un brutal autoritarismo estatal y una política económica neoliberal ininterrumpida. Sin embargo, las dificultades no iban a tardar en aparecer. Luego de nueve meses de gobierno en coalición con el Partido Liberal, donde este partido entorpeció la concreción de las reformas sociales del programa de gobierno (reforma de salud, agraria, etc.). Petro decidió realizar un cambio abrupto del gabinete y romper con la conducción del Partido Liberal. ¿Cuál es el significado de este cambio? ¿Cuáles son las dificultades del gobierno? ¿Cuál es el papel de la derecha tradicional? Sobre estos temas, Jacobin conversó con Luciana Cadahia, filósofa, autora de Mediaciones de lo sensible y Siete ensayos sobre el populismo y coordinadora de la red Populismo, republicanismo y crisis global.
NA
El gobierno que lideran Gustavo Petro y Francia Márquez acaba de plantear un giro de 180 grados con su cambio de gabinete. ¿Usted cree que el contexto mundial y regional tiene que ver con esta decisión o se debe solamente al contexto colombiano?
LC
Me parece importante comenzar esta entrevista teniendo presente algunos aspectos claves que nos pueden ayudar a comprender mejor todo lo que hay en juego —a nivel nacional, regional y mundial— con el gobierno del Pacto Histórico que lideran Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia. En términos mundiales estamos asistiendo al fin de la globalización tal y como la conocíamos. Desde la crisis del 2008 viene gestándose un proceso de desglobalización en el que Estados Unidos pierde la hegemonía y cede paso a un mundo multipolar. La pregunta que surge, y esto nos lleva del plano mundial al escenario regional, es qué papel va a tener América Latina y el Caribe en este escenario de transición y reconfiguración de este nuevo orden mundial. ¿Actuaremos como bloque regional o de manera aislada? ¿Seguiremos ocupando un lugar periférico en la toma de decisiones geopolíticas? ¿Nos limitaremos a reproducir la economía extractivista de ser meros exportadores de materias primas o revertiremos este rol y asumiremos un papel más activo a través de la transición energética y descarbonización de la economía? ¿Construiremos un proyecto de integración regional más justo, igualitario y soberano —que permita cierto margen para la autodeterminación cultural, política y económica de nuestra región— o quedaremos a la merced de las necesidades cambiantes del mercado mundial y de las viejas potencias económicas?
Todo esto que acabo de plantear a modo de interrogantes en realidad se expresa como una disputa entre diferentes proyectos político o, si lo prefieren, entre el progresismo, un centrismo dubitativo y sin rumbo claro y una extrema derecha voraz.
Como comenté en otra oportunidad para Jacobin, las primeras dos décadas del siglo XXI se caracterizaron por una consolidación del ciclo progresista en la región. Luego, entre el 2015 y el 2020, hubo un momento de repliegue y avance de los proyectos de derecha que, hasta el momento, no han podido sostenerse en los gobiernos. Ahora mismo asistimos a una nueva ola de progresismo regional. Pero nos encontramos ante un escenario mucho más complejo e incierto originado, por un lado, por la pandemia y el conflicto Ucrania-Rusia y, por otro, por la capacidad de la derecha para organizarse, obstaculizar y, en los casos más extremos, interrumpir las experiencias de gobiernos populares. Las nuevas derechas regionales tienen una vocación declaradamente destituyente, antidemocrática, racista y patriarcal, como hacía mucho tiempo no se observaba en nuestros países.
Sus armas son los préstamos del Fondo Monetario Internacioal (FMI), los conglomerados mediáticos, el poder judicial y el crimen organizado. Los medios de comunicación los emplean para construir percepciones de la realidad, el crimen organizado para tener control territorial y el aparato judicial para intervenir en las instituciones e impulsar persecuciones y proscripciones políticas.
Entre los diferentes indicios de esto, podemos señalar los siguientes: el golpe de Estado a Pedro Castillo en Perú, el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kichner en Argentina, el avance del narcotráfico propiciado por Guillermo Lasso en Ecuador y su recomendación para que la ciudadanía porte armas en defensa propia, los anuncios temerarios y falsos del fiscal Francisco Barbosa (afín al uribismo) de Colombia sobre una supuesta alianza entre Petro y el narcotráfico y la propaganda del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador como modelo de orden para el continente.
Para decirlo sin eufemismos: la extrema derecha ha roto el pacto democrático que existía en la región. Ya no habla en nombre de la democracia sino de la libertad. Ha disociado la democracia de la libertad. Y aunque esto nos suene paradójico, en nombre de la libertad se justifica un accionar postdemocrático. Orden y libertad son las nuevas banderas de la derecha regional. Sin embargo, y a pesar de su capacidad organizativa e incidencia en el territorio y las instituciones, no tiene un proyecto de integración regional. Pareciera asumir una posición anacrónica: sostener a como dé lugar nuestro lugar periférico, extractivo, desigual y sacar el mayor provecho económico de todo eso.
El progresismo, en cambio, sí expresa una voluntad política de integración y transformación regional. Y aquí hay una tendencia clara: mientras que los gobiernos populares promueven la integración política, económica y cultural de la región, la derecha, en cambio, aísla a los países entre sí, desarticula la integración y expande subterráneamente las redes de narcotráfico, crimen organizado y usura financiera como modelo económico.
NA
¿Y qué contrapunto plantea este nuevo ciclo a la extrema derecha latinoamericana?
LC
A diferencia del ciclo anterior, esta nueva ola de gobiernos populares cuenta con las principales economías de la región: Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile. No es un dato menor y eso explica, en gran medida, el nerviosismo de la derecha global.
Los desafíos de este nuevo bloque progresista apuntan a fortalecer nuevamente UNASUR, MERCOSUR y la Alianza del Pacífico; condenar el rol como secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de Luis Almagro —quien avaló los golpes de Estado en Bolivia y Perú, cuestionó el resultado de algunos triunfos de gobiernos populares y se alineó con el espíritu antidemocrático de la extrema derecha—; garantizar un proceso de soberanía alimentaria, energética y tecnológica; revisar el papel de dólar como moneda hegemónica para las transacciones económicas entre los países, planificar una transición energética acorde a la región, proteger los recursos naturales y territoriales y asumir una posición regional de «no alineamiento activo» ante el conflicto Rusia-Ucrania sin que los Estados Unidos lo tomen como un ataque a su política internacional.
Pero, y es importante decirlo, este nuevo ciclo parece disputarse entre los gobiernos que asumen un rol más sumiso ante las oligarquías (Chile o Argentina) y los países que tienen la audacia para darle una nueva orientación a la región ante este cambio de época.
Dicho todo esto, considero que el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez se ubica entre las propuestas más audaces. Y esto descansa, en gran medida, en el hecho de que la «paz total» en Colombia no podrá lograrse sin una mayor integración regional y sin una verdadera transición energética en los territorios.
NA
¿Usted cree que es a partir de esta audacia que Petro decide remover a su gabinete? O, dicho de otra manera ¿cómo relaciona esta descripción del contexto regional con la decisión del actual gobierno de Colombia?
LC
Lo medios hegemónicos en Colombia no están interesados en informar sobre las razones que llevaron a Petro a tomar esta decisión. Pero él lo dejó en claro en una de sus alocuciones. Hasta el momento, el Pacto Histórico, y como su nombre lo indica, se presentó como un pacto de gobierno transversal a los diferentes partidos políticos y clases sociales. Esto permitió, entre otras cosas, sacar adelante la reforma tributaria que necesitaba Colombia para reorganizar el desastre económico que dejó el gobierno de Iván Duque. Pero junto a esta reforma, Petro tiene un proyecto mucho más ambicioso, que consiste en transformar el país de fondo. Es decir, ir al núcleo que da lugar al crimen organizado, el narcotráfico y la violencia en Colombia, a saber: el viejo problema de la tenencia de la tierra. Hoy la tierra está en muy pocas manos. Y el Estado no tiene presencia territorial. Esta combinación explosiva autoriza a que sectores ilegales de la sociedad tengan mucho control territorial, mediante extorsión y cooptación del campesinado, las comunidades negras e indígenas del país.
Una de las promesas de los Acuerdos de Paz promovida por el gobierno de Santos, para acabar con esta violencia estructural, ha sido la devolución de tres millones de hectáreas al campesinado. Devolverle al pueblo el derecho al territorio. Petro está obsesionado con hacer cumplir esta promesa que no es otra cosa que materializar la reforma agraria que nunca tuvo lugar en Colombia. No hay que olvidar que el origen de las guerrillas en Colombia se debe, como factor fundamental, a la traición del partido liberal al campesinado, y la posterior renuncia a hacer una verdadera reforma agraria. Las FARC, el M19, el ELN nacen como intento de forzar al Estado oligárquico colombiano a hacer esta reforma.
Pero volviendo al punto al que quiero llegar: Petro, a través del Plan de Desarrollo que estuvo diseñando el ex ministro de Hacienda, buscaba materializar esta reforma agraria mediante dos puntos que se encontraban en el mismo plan: 1) una sentencia de la Corte Constitucional que obliga al estado colombiano a darle los terrenos baldíos a los campesinos; y 2) otra que permitía una negociación con los latifundistas para que el Estado les compre tierras y se las entregue a los campesinos. Misteriosamente, la Comisión de Economía del congreso, mientras estaba debatiendo este Plan de Desarrollo, decide retirar estas dos medidas. Es decir, quita estos dos instrumentos legales con los que el gobierno de Petro podía llevar a cabo una reforma agraria que garantice al pueblo el derecho a la propiedad de la tierra. Y esto tiene consecuencias nefastas porque obliga a Petro, como única alternativa, a la expropiación de la tierra para cumplir con este punto de los Acuerdos de Paz. Esto es la típica trampa del liberalismo conservador en Colombia. Por un lado, dice que sí a los acuerdos y, por otro, crean las condiciones jurídicas para que no se materialicen. La derecha en Colombia es directa y sincera: dice no a los acuerdos y defiende el latifundio y la economía extractiva del narcotráfico. Pero el liberalismo es mucho más perverso porque dice sí a los acuerdos y ayuda a construirlos, pero luego pone todas las trabas que están a su alcance para que el pueblo no se empodere ni se vuelva un sujeto real de derechos.
Esto es lo que llevó a Petro a tomar la decisión de remover a su gabinete. Sobre todo, porque el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Hacienda permitieron, no digo de manera voluntaria pero sí quizá por descuido, que desaparecieran del Plan de Desarrollo estas dos medidas fundamentales en Colombia.
Este es el detonante, junto con los obstáculos que está poniendo el liberalismo conservador a las reformas, que obligó a Petro a romper el Pacto con partidos tradicionales del país. Mejor dicho, fueron esos partidos los que rompieron el pacto, porque se declararon en oposición a las reformas y porque hicieron desaparecer dos puntos fundamentales del plan de desarrollo.
NA
En términos generales, ¿cómo evaluaría este primer periodo del gobierno de Petro? En materia política, ¿cree que su proyecto de transformación se ha fortalecido en estos siete meses en el poder?
LC
Petro es muy consciente de que ganó las elecciones gracias a la movilización popular en las calles. Y también sabe que necesita una sociedad movilizada y organizada para poder implementar los cambios.
En esa dirección, creo que dentro del paraguas de la «paz total» hay cuatro ejes prioritarios para transformar Colombia: presencia estatal en los territorios, ampliación de derechos, democratización del poder popular y descarbonización de la economía.
En esa dirección, el gobierno tiene muy claro que ha sido la ausencia del Estado lo que ha permitido la expansión del crimen organizado y los desplazamientos forzados a lo largo del país. No sirve de nada hacer reformas institucionales si no puedes llegar a los territorios y garantizar esos nuevos derechos. Y, menos aún, deshacer el vínculo perverso entre economía fósil, crimen organizado y capitalismo.
Todos estos ejes se están convirtiendo en políticas públicas e, incluso, están comenzando a tener efectos importantes dentro de la sociedad que repercute en la vida de millones de personas. Quizá, de todos ellos, el que más repercusión mediática tenga sea el de ampliación de derechos, a través de la batería de reformas que ha impulsado el gobierno de Petro. La que más revuelo está generando es la reforma a la salud, por el tipo de apuesta radical que implica: sacarle el manejo de los recursos a las mafias de la salud. Pero junto a ella contamos con la reforma tributaria (ya aprobada), la reforma política (que se cayó), la reforma laboral, la reforma pensional y, muy probablemente, venga una reforma a la educación.
NA
Volviendo atrás, ¿cómo se alteró la situación nacional y la agenda nacional con el triunfo del Pacto Histórico?
LC
Con el triunfo del Pacto Histórico entra en escena un nuevo actor político que había sido sistemáticamente expulsado y estigmatizado de la vida institucional: los sectores populares campesinos, indígenas y negros. Yo creo que todavía no se tiene demasiada conciencia de lo que eso implica, pero es la primera vez en la historia de la vida republicana que los sectores populares lideran un proyecto de gobierno en Colombia. Por eso la minga indígena salió a respaldar todas las reformas lideradas por el gobierno. Esto, en sí mismo, ya implica una alteración de la situación nacional, tan acostumbrada a gobernar el país mediante pactos de élites. También implica un freno de mano a la lógica securitaria del uribismo y a los índices de violencia que había alcanzado con el gobierno de Duque. La persecución y asesinato de líderes sociales ha bajado notablemente; ante los conflictos sociales se observa una actitud de diálogo, negociación y no represión por parte del gobierno.
Finalmente, los sectores y territorios históricamente postergados están siendo escuchados y existe un conjunto de políticas públicas (infraestructura, carreteras, universidades, hospitales, comedores escolares, etc.) de fuerte presencia estatal que buscan revertir la violencia estructural de los territorios.
NA
¿Tiene la sensación de que la base de apoyo social con que contaba Petro para ganar las elecciones se ha ampliado, achicado o mantenido igual en estos meses?
LC
Me parece que la base de apoyo social se mantiene, a pesar del rol que están teniendo ciertos conglomerados mediáticos para desprestigiar al gobierno. De todas formas, no se trata de una estrategia nueva, llevamos más de dos décadas observando cómo determinados intereses económicos usan a los medios de comunicación como instrumentos de poder y configuración del sentido común colectivo. Yo creo que Petro, en ese sentido, está en mejores condiciones para sortear eso.
NA
Se han visto avances y reveses en la agenda progresista de Petro en los últimos meses, en términos de salud, de la matriz industrial y energética, tributaria, entre otras. ¿Cuáles son los hitos legislativos y políticos que debemos tener en cuenta para seguir los pasos adelante del gobierno, y cuáles, como la derrota reciente de la reforma política, representan las dificultades que el gobierno enfrenta para cumplir con su agenda?
LC
Si bien ya hice alguna alusión a las reformas propuestas por Petro, me parece oportuno entender a todas ellas como un eje dentro de una agenda mucho más grande. Y, por otro lado, creo que la reforma tributaria fue un hito legislativo que le dio luz verde para empezar a gobernar. Sin esa reforma hubiera sido muy difícil garantizar gobernabilidad. Pensemos, por ejemplo, en las dificultades que está teniendo Boric tras la derrota de su la reforma tributaria. Pero volviendo a Colombia, creo que es muy importante estar atentos a la evolución de todas las reformas que se han propuesto. Será un termómetro para medir el pulso del gobierno, pero también del país. ¿Qué papel tendrá la sociedad ante estos cambios? ¿Se comprometerá o asumirá un rol pasivo? Creo que no será nada fácil aprobar todas estas reformas pero, al mismo tiempo, es urgente proponerlas, debatirlas y aprobarlas. Sin esas reformas Colombia seguirá careciendo de los derechos fundamentales que cualquier sociedad necesita para democratizarse y determinar su propio porvenir.
NA
Y el proyecto de «paz total», ¿cómo avanza?
LC
Los índices de violencia y asesinatos han bajado notablemente. Comenzaron, aunque con cierta dificultad, las negociaciones con el ELN. Las políticas públicas del gobierno apuntan a tener mayor presencia territorial de cara a combatir al crimen organizado. Y, al mismo tiempo, apunta a darle poder de autoorganización a las comunidades para controlar la violencia territorial. Pero para que la «paz total» pueda sostenerse en el tiempo es necesario que se aprueben las reformas, ya que, como vengo insistiendo, el origen de la violencia en Colombia es resultado de las grandes desigualdades sociales y de la falta de oportunidades. Considero que la «paz total» es una especie de ideal regulativo que no podrá concretarse en siete meses ni en cuatro años. Colombia lleva muchas décadas de una violencia que ha permeado en las diferentes capas de la vida social. Es decir, en la economía, en la política y en las instituciones, pero también en la vida afectiva, en los lazos sociales y en la forma de vivir junto a los otros. Esto requiere, a mi entender, una transformación muy profunda del alma del país. Y a pesar de la cautela con la que me refiero a este proceso, sí considero que el gobierno expresa una clara voluntad de dar los primeros pasos para promover esa transformación social de gran calado.
Colombia y Venezuela son países limítrofes y comparten miles de kilómetros de frontera. Era un despropósito la ruptura que llevó a cabo Iván Duque. Una ruptura que ni el gobierno fascista de Bolsonaro se animó a secundar. La reanudación de las relaciones diplomáticas era urgente y Colombia y Venezuela lo hicieron con inteligencia y diplomacia. Creo que para la democratización de la región y para destrabar el atolladero en que se encuentra Venezuela era muy importante el rol diplomático que asumió Colombia. Algo muy parecido a lo que hizo con Nicaragua. Creo, en ese sentido, que Colombia se está vinculando y posicionando en la región de manera inteligente y propositiva.
Más aún, hace pocos días Colombia lideró una reunión continental para destrabar la situación en Venezuela y se contó con la presencia de líderes políticos de Estados Unidos, Chile, México y Argentina, entre otros.
NA
La derecha tradicional, que gobernó durante dos décadas en Colombia, ¿ha dado señales de estar reagrupando o acomodándose al nuevo escenario?
LC
Está sucediendo algo curioso en ese sentido. Uribe y Petro tienen una relación relativamente buena, en el sentido de que Uribe no se ha vuelto el principal oponente de Petro. Y, por esa razón, a la derecha uribista le ha salido una derecha más radicalizada, al estilo de Milei en Argentina. Y me refiero, por ejemplo, a María Fernanda Cabal o Paloma Valencia, dos herederas del uribismo que están tratando de configurar un clima destituyente pero todavía sin mucho éxito. A diferencia de Argentina, Ecuador o Brasil donde la derecha tuvo varias décadas para organizarse y ensayar una nueva estrategia para disputar el poder, el triunfo sorpresivo de Petro y Márquez en Colombia, en cambio, todavía tiene a la derecha desorientada y desarticulada. No subestimo en absoluto la capacidad de la derecha colombiana. Solo digo que aún no han podido rearmarse. Algo muy parecido le sucede al centro que expresan Farjado o Humberto de la Calle. Tampoco saben muy bien qué lugar ocupar ni cómo posicionarse ante este gobierno del cambio.
MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA Y GUERRILLA. 1960 -1965
Julio Andrés Rojas Julca.
Noviembre 2022
Quienes participamos en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, tenemos responsabilidad de decir nuestra verdad y aportar para el balance de la experiencia del MIR, que se hará cuando se contrasten con las actuales y futuras del pueblo.
Reconocer los errores cometidos no resta la acción épica y heroica de los compañeros dirigentes y militantes que entregaron todo por una patria libre y soberana, con justicia social.
El MIR UN NUEVO REFERENTE POLÍTICO:
En 1959, surge el APRA Rebelde -Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, rescatando el programa original del APRA y el sacrificio de los mártires de Chan Chan y la insurgencia del Callao en 1948, buscando integrar la tradicional radicalidad de las bases y juventud aprista, integrándola al auge del movimiento social y guerrillero existente en América Latina, después del triunfo de la revolución cubana en 1959.
En Perú se dio un gran movimiento campesino, que resquebrajó los cimientos del Estado Oligárquico. La expresión más radical de las luchas campesinas fueron la toma de tierras y las invasiones que se produjeron en casi toda la sierra del país, la respuesta de las clases dominantes fue la represión policial, produciéndose masacres campesinas en el norte, centro y sur del país.
En las ciudades, las luchas obreras y populares se hicieron frecuentes, unas por el restablecimiento y ampliación de los derechos de asociación sindical, reivindicaciones laborales en los sectores fabril, minero etc. Las “invasiones” de tierras que tuvieron lugar en el campo se reprodujeron en la periferia de las ciudades, aparecieron barriadas y pueblo jóvenes.
En Perú, amplios sectores de la sociedad se orientaron en la búsqueda de opciones políticas superadoras de los partidos políticos tradicionales creados por la oligarquía en etapas precedentes y que superaran al APRA, que se alejó de los planteamientos originarios de lucha antiimperialista y anti oligárquica, aliándose con los sectores más conservadores de la oligarquía, con Manuel Prado a través del gobierno de la “convivencia” y después con el dictador Manuel Odría. Los gobiernos de Manuel Odría y Manuel Prado, uno dictatorial y el otro “democrático”, ambos aplicaron la misma política económica al servicio del gran capital y la represión contra el movimiento popular, especialmente el movimiento campesino.
Surgieron nuevos partidos políticos como Acción Popular y Democracia Cristiana, que buscaron la adhesión de la clase media y sectores populares, levantando un proyecto político alternativo al del APRA, logrando constituir un partido político de centro. Sin embargo, Acción Popular no contaba con una fuerza política y social suficiente para afirmar un proyecto de desarrollo económico alternativo, finalmente pactó con sectores políticos tradicionales reprimiendo las luchas populares.
BUSCANDO EL CAMINO DEL CAMBIO REVOLUCIONARIO.
En la izquierda peruana, aparecieron nuevos movimientos políticos como el Social Progresismo, el Apra Rebelde (MIR), Frente de Liberación Nacional y desprendimientos del tradicional Partido Comunista Peruano y el nacimiento de varios grupos trotskistas.
Las luchas campesinas se agudizaron, en el sur en los valles de La Convención y Lares (Cusco) los campesinos organizaron sindicatos exigiendo mejores condiciones de trabajo y salarios a los terratenientes, dueños de tierras y vidas.
Hugo Blanco Galdós, estudiante cuzqueño de Agronomía en Argentina de formación trotskista, teniendo como base el sindicato “Chaupimayo”, lideró la organización y movilización campesina, planteando la Reforma Agraria Campesina, en este proceso fue surgiendo la organización política Frente de Izquierda Revolucionaria, FIR.
En la zona central se producían huelgas mineras y movilizaciones de las comunidades campesinas por la recuperación de las tierras, recibiendo como respuesta represión de campesinos como ocurrió con la comunidad de Rancas, en su lucha con la empresa norteamericana Cerro de Pasco Corporation, luchas recogidas por Manuel Scorza en su novela “Redoble por Rancas”.
Estos procesos permitieron el surgimiento de nuevos liderazgos, surgen las figuras de Genaro Ledezma Izquieta, Manuel Scorza y Laura Caller y la constitución del Frente Obrero Campesino Popular FOCEP.
En el norte luchaban los cañeros de Casa Grande, Cayalti y los comuneros de Chepén en La Libertad. Igualmente en La Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos, en Piura, luchaban por la recuperación de sus tierras, en este proceso surge el Apra Rebelde-MIR y el liderazgo de Luis de la Puente.
Estas tres alternativas políticas buscaban canalizar las luchas populares, especialmente campesinas, cada una con su propio programa y estrategia: Hugo Blanco y el FIR asumió un sindicalismo radical, planteó la Reforma Agraria Campesina radical y la construcción del poder dual, impulsando la organización sindical campesina para acumular fuerzas conviviendo y disputando con el poder establecido.
Genaro Ledezma y el FOCEP, privilegió la lucha sindical, estando preso en la isla del Frontón, fue elegido parlamentario por el departamento de Cerro de Pasco, en el proceso electoral de 1963.
Luis de la Puente y el MIR planteó el camino de la lucha armada del campo a la ciudad.
A través de su vocero “Voz Rebelde”, planteaba:
“Una nueva izquierda marxista leninista está en marcha en América Latina y en el mundo. Con Fidel y con Mao. Una nueva izquierda que siguiendo el ejemplo de la Cuba Revolucionaria y esclarecida en los documentos chino soviético, no tiene más miedo de restaurar en el orden del día esta consigna por tanto tiempo hábilmente postergada: la lucha por la toma del poder.” (Editorial, Noviembre, 1963)
Luis de la Puente, poco antes de integrarse al frente guerrillero Pachacútec, planteaba: “Frente a los problemas específicos del Perú, nuestras consignas son: ¡Alto a la represión! ¡Nacionalización inmediata del petróleo!, y Liquidación del latifundio y de la servidumbre!, ¡La tierra para quien la trabaja!”
“Hay necesidad de abandonar aquellos trillados caminos del electoralismo y el parlamentarismo. El pueblo peruano exige en estos momentos un cambio de lenguaje. Nuestros campesinos, pese a su bajo nivel educativo, nos están diciendo cuál es la forma de hablar. No equivoquemos el camino. No caigamos en la trampa electoralista que nos tiende la oligarquía. No nos hagamos la ilusión de llegar al poder o de compartir el poder por la vía de la transacción y de las elecciones." (Mitin de la izquierda, Plaza San Martín. 7 de Febrero, 1964, Lima).
En Cuba el MIR y el ELN, Ejército de Liberación Nacional (1963) coincidían en el mismo propósito de luchar por la revolución peruana. Ante el planteamiento del ELN de organizar, desde Cuba, una columna liberadora de revolucionarios que ingresando por Bolivia pudiera llegar a la Convención, Cusco, Luis de la Puente marcó su diferencia, pues, el MIR definió, que sus militantes preparados en Cuba regresaban al país por las distintas fronteras, reintegrándose al trabajo campesino y desde allí, organizar el movimiento guerrillero.
Tal posición se reflejaba en documentos del Comité Central aprobados entre marzo y diciembre de 1964:
Esquema de Marzo (1964), consideraba: ubicación, zonas campesinas con áreas boscosas, ubicación del grupo armado en el campo, adaptación a la nueva vida, estudio del terreno, establecimiento de contactos con dirigentes campesinos, construir células de coordinación y abastecimiento, estudio de objetivos militares. Incluso se determinó un cronograma para iniciar acciones armadas, en un plazo de 4 meses.
En Diciembre de 1965, se hace un balance de nueve meses de trabajo en los diferentes frentes y Luis de La Puente plantea un documento a partir de su experiencia del trabajo político con los dirigentes de la Convención y Lares, por el cual, modifica el Esquema de Marzo a la luz de la experiencia ganada. El nuevo Esquema aprobado por el Comité Central en diciembre (1964) explícitamente señala: “El proceso revolucionario peruano implica la concepción general de guerra del pueblo, la revolución la hacen las masas y la guerrilla no es sino el brazo armado de las mismas”. Señala, además, la Zona de Seguridad, como plataforma física de apoyo a las acciones partidarias en la lucha armada, requiriendo el acondicionamiento de mínimos más altos que los fijados en el mes de Marzo. Necesidad del trabajo campesino y fortalecimiento de los núcleos partidarios. Define la necesidad de la simultaneidad en el inicio de acciones armadas, siempre que no signifique retraso de los frentes más avanzados y justifica acciones armadas, si el enemigo atenta contra la sobrevivencia de la guerrilla.
Los planteamientos aprobados en Diciembre, era un esfuerzo por encontrar el complejo camino del proceso revolucionario peruano.
ACCIONES ARMADAS: TUPAC AMARU EN ACCION.
El 9 de Junio de 1965, el frente Tupac Amaru de la zona central, dirigido por Guillermo Lobatón Milla, Máximo Velando, Pedro Pinillos y Froilán Herrera inició acciones armadas que duraron 7 meses , las mismas que causaron un gran impacto en la sociedad peruana y finalmente fueron derrotadas.
Tales acciones pueden dividirse en dos etapas, la primera , la guerrilla tiene la iniciativa. En la segunda, la iniciativa está de parte de las Fuerzas Armadas y Policiales que desarrolló su contraofensiva de cerco y aniquilamiento.
PACHACUTEC. CUSCO.
En Cusco el Frente dirigido por Luis De la Puente, Enrique Amaya, Antonio Guevara y Paul Escobar, centró el trabajo en la formación política de guerrilleros y dirigentes campesinos de la zona. Mesa Pelada fue un centro de formación y dirección política.
Después del 9 de Junio, la IV Región Militar, desata una redada contra los dirigentes gremiales cusqueños y los activistas campesinos de la Convención.
Entre Julio y Agosto, (1965), el Frente "Pachacútec" decide abrir el frente entre Cusco y Apurímac. Enrique Amaya, Antonio Guevara, Enrique Rueda explorarán la nueva zona y evalúan que no reúne condiciones, pero cuando, en Septiembre, quieren reintegrarse a Mesa Pelada, el cerco represivo es ya un anillo de fuego que les impide el regreso.
En Septiembre, la Asamblea del Frente decide la dispersión ordenada. Algunos logran romper el cerco, otros caen bajo el fuego enemigo como Carlos Valderrama, estudiante secundario de Santiago de Chuco, o Hugo Soto, dirigente secundario arequipeño. En Octubre, el núcleo de dirección compuesto por De la Puente, Paul Escobar, Rubén Tupayachi, Edmundo Casquen, Agustín Marín, Benito Cutipa, Alberto Llanos, Polo Quispe, intentan romper el cerco, se enfrentan con el Ejército en las alturas de Amaybamba, cerca de Huiro y fueron aniquilados. No quedaron sobrevivientes.
MANCO CAPAC. PIURA.
El Frente Manco Cápac, dirigido por Gonzalo Fernandez Gasco, Elio Portocarrero, Walter Palacios y Julio Rojas, trató de fortalecerse y para ello buscó la integración del Grupo de Jaén, dirigido por Gonzalo Fernández Gasco, proceso iniciado a fines de Agosto y que culminó el 9 de Junio de 1965, fecha de inicio de acciones armadas del Frente Tupac Amaru.
Ante la caída de Luis de La Puente y la represión ejercida contra la guerrilla Tupac Amaru, suceded la perdida de contacto con la Coordinación Nacional e informaciones recibidas de la ofensiva que había iniciado el ejército de la Primera Región Militar con sede en Piura contra la guerrilla. El 2 de Diciembre se tomó la difícil decisión de realizar un repliegue ordenado, evitando el choque frontal con el ejército, la pérdida de vidas humanas, la mayor represión contra el pueblo, Ayabaca, ciudad, sitiada con la presencia de tres mil efectivos del ejército y represión generalizada.
Se buscó restablecer contacto y realizar un balance de la situación del MIR.
A MODO DE BALANCE.
El movimiento guerrillero de 1965 produjo un profundo impacto en la sociedad peruana, no solo porque fracturó el poder oligárquico, sino porque incidió en la conciencia de los oficiales encargados de la represión contra las guerrillas, surgiendo las corrientes nacionalistas en el seno del ejército peruano , que dieron origen al proceso revolucionario de 1968, conducido por el General Juan Velasco Alvarado , el cual liquidó la feudalidad y levantó la bandera de la nacionalización del petróleo. Dándose la paradoja, según la cual, la revolución velasquista levantó muchas de las banderas enarboladas por el movimiento guerrillero de 1965.
Como decía el viejo Marx en el Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, ”los hombre hacen su propia historia. Pero no la hacen según el deseo de su iniciativa, ni en las circunstancias del momento, sino tales como las han creado los acontecimientos y la tradición”.
La acción de los revolucionarios de la década del 60, permite advertir solidez en las convicciones y destacado liderazgo de Luis de la Puente y el equipo teórico del MIR, integrado por Luis de la Puente, Héctor Cordero Guevara y Guillermo Lobatón Milla. Su lenguaje estuvo lejano del estilo de cliché y el dogmatismo y de la jerga sociológica del intelectualismo. Encontramos ejemplo de consecuencia y coherencia política y ética.
De otro lado, la acción de los revolucionarios no está excepta de errores y limitaciones, por eso debemos señalar, la sobrevaloración de la feudalidad y el estado de las luchas campesinas, que se encontraban en una etapa de reflujo. Así como desviaciones militaristas, que nos llevó a sobrevalorar nuestra capacidad militar y de la organización partidaria.
Reconocer que en la década del 60, varios países de América Latina sufrían dictaduras militares y en Perú, gobiernos como la dictadura de Manuel Odría o seudo democrático como la Convivencia APRA _ Pradismo, llevó a tener una mirada esquiva y con desdén de los procesos democráticos de aquella época, al considerar la democracia un sistema exclusivo de la oligarquía.
Hoy, gracias a las luchas de los años 60 con aciertos y errores, los pueblos avanzan, tenemos experiencias de los hermanos de América Latina, donde la democracia es el escenario mismo del proceso de cambio radical y transformación revolucionaria.
LA REBELIÓN DE LOS JÓVENES
A 60 AÑOS DEL SURGIMIENTO DEL MIR EN EL PERÚ 1959 - 12 DE OCTUBRE - 2019
WALTER PALACIOS VINCES
En el estrado del amplio auditorio del Partido Aprista, ubicado en la céntrica avenida Alfonso Ugarte de Lima, se encontraban los viejos líderes de ese partido encabezados por su Secretario General, Ramiro Prialé, quien presidía el Plenario de la IV Convención Nacional del Apra. De esto hace 60 años. Fue el 12 de octubre de 1959.
Compartían la mesa directiva Luís Alberto Sánchez, Carlos Manuel Cox, Luís Heysen, Andrés Townsend, Armando Villanueva y otros históricos dirigentes quienes, entre sorprendidos y fastidiados trataban apresuradamente de que se apruebe en el plenario de la IV Convención Nacional, sin debate ni discusión, un drástico acuerdo sancionando con la expulsión o suspensión partidaria a cerca de treinta jóvenes delegados que se habían "atrevido" presentar por escrito una bien fundamentada moción en la que analizaban la situación nacional y criticaban la línea política del partido que apoyaba al gobierno del Presidente Manuel Prado Ugarteche, representante de la rancia oligarquía peruana.
El acuerdo se impuso a mano alzada, a carpetazo limpio, sin respetar los más mínimos principios democráticos. Así fueron expulsados del Apra o suspendidos de todos sus derechos partidarios: Luís de la Puente Uceda, Carlos Malpica Silva Santisteban, Luís Olivera Balmaceda, Luís Iberico Más, Gonzalo Fernández Gasco, Manuel Pita Díaz, Máximo Velezmoro, Enrique Amaya Quintana, Walter Palacios Vinces, Luís Pizá Espinoza, entre otros.
Para justificar tan arbitrario proceder, que derivó en una crisis partidaria interna, la dirección del Apra desplegó una intensa y bien orquestada campaña de desprestigio contra los expulsados a quienes calificaba de divisionistas, traidores, tránsfugas y Castro-comunistas (pocos meses antes había triunfado la Revolución Cubana y el Apra se alineó con la derecha pro-imperialista atacando la gesta heroica de los rebeldes comandados por Fidel Castro).
Para afrontar y contrarrestar la campaña del Apra conviviente y realizar actividades de esclarecimiento con las bases partidarias y la opinión pública, los rebeldes, entre otras acciones, se organizaron políticamente, adoptaron una denominación y editaron un periódico.
El primer número de su periódico, Voz Aprista, fue publicado el 29 de octubre de 1959 (quince días después de las expulsiones). En él se reprodujo íntegra la moción que fue presentada en la IV Convención Nacional del 12 de octubre y que dio motivo a la crisis partidaria.
Copiamos textualmente el Editorial de ese primer número para conocer o recordar los planteamientos políticos que los rebeldes exponían con claridad y vehemencia y su determinación de continuar organizados luchando por la evolución peruana:
EDITORIAL
El 12 de octubre de 1959, pasará a la historia del Aprismo y del Perú como la fecha memorable de la traición más flagrante a la auténtica militancia aprista, al pueblo peruano que esperanzadamente abrazó durante 30 años los ideales del partido, a los miles de mártires que con su sangre o su dolor escribieron los anhelos de redención del pueblo peruano, y a los principios revolucionarios que enarbolara en 1924 Víctor Raúl Haya de la Torre.
Quedará también el recuerdo de quienes tuvieron la honestidad y la entereza de sostener sus puntos de vista discrepantes en una asamblea dirigida engañosamente donde todos los métodos se pusieron en práctica —desde el ofrecimiento de dádivas y prebendas hasta el insulto, la grita y la violencia— con el objeto de hacer retirar una moción de análisis de los problemas nacionales y crítica de la línea partidaria.
Más de 30 dirigentes fueron expulsados y suspendidos por expresar en la IV Convención Nacional Aprista su desacuerdo con una línea política que constituye escarnio e irrisión de una de las más limpias y auténticas trayectorias de sacrificio popular en todo el continente.
La Moción de los compañeros ahora calificados de disidentes, divisionistas y traidores, no es más que expresión de consecuencia ideológica, de lealtad con la mística popular y de honestidad política y revolucionaria.
Los sentimientos más caros de las bases y las esencias mismas de la doctrina del Partido, están contenidas en aquel documento que no se discutió, que fue silenciado, que se condenó por adjetividades.
Una vez más se puso de manifiesto el temor de la Dirección no renovada del Partido, a un debate abierto y democrático. Una vez más el grito herido de la juventud y de las bases, como tantas otras veces, pretendió ser silenciado con el amedrentamiento, la infamia y la violencia, para terminar con la sanción disciplinaria fraguada entre Burós y Comités de representación fantasma.
La intención del grupo aprista que fue expulsado y suspendido fue lo de participar en un evento real y auténticamente democrático, discutir una línea equivocada, criticar a una dirección que tergiversaba los acuerdos y traicionaba los ideales para cuya defensa fue llevada a la más alta representación partidaria. Teníamos todo el derecho de hacerlo; luchamos dentro del Partido no sólo en las horas de bonanza y libertad, fuimos soldados en la clandestinidad y en el destierro, en la prisión y en la persecución; las bases apristas habían ungido a muchos de nosotros como portavoces de su pensamiento, de sus aspiraciones y de su disconformidad creciente. Contra esto, se respondió con la expulsión, llevando al público —sin explicación alguna— una medida sórdida que hacía befa de los más elementales principios jurídicos, democráticos, de fraternidad y "convivencia" partidarias.
En esta situación no queda otro camino que el esclarecimiento público de nuestra posición. Recurrir a las bases del partido, por medios perfectamente utilizables en países civilizados y democráticos, para determinar quiénes son los que traicionan al pueblo, quienes son los que dividen al Partido, quiénes por error o conveniencia están sumiéndolo en el desprestigio y la postración, quienes conculcan y trafican con los intereses de las clases explotadas del Perú a través del Partido. El pueblo no ha de equivocarse, las bases apristas menos aún, porque ellas sufren el drama de la miseria, de la frustración y de la vergüenza de hablar a media voz, que la "Convivencia" conlleva. Por ello recurrimos al pueblo aprista, y a él va nuestro llamado, para que integre, apoye y se afirme en su lucha revolucionaria a través de los Comités Apristas de Defensa de los Principios Doctrinarios y de la Democracia Interna.
Retomamos las banderas olvidadas, escarnecidas o conculcadas del Aprismo.
Nuestra lucha es contra el imperialismo que explota y subyuga a nuestros pueblos; es contra aquellos que llamándose antiimperialistas se hacen cómplices de la entrega de las riquezas nacionales a los grandes consorcios capitalistas extranjeros, con su silencio a su tímida y formal oposición; contra aquellos que desprestigiando al Partido se ponen al servicio de organizaciones financiadas por el imperialismo con el objeto de corromper la conciencia revolucionaria de nuestras organizaciones sindicales; contra aquellos que adoptando falsas posiciones anticomunistas devienen en defensores de un sistema económico semi-feudal y colonialista, en contradicción con nuestras claras concepciones democráticas.
Nuestra lucha es por la transformación de las estructuras feudales que ahogan nuestra economía; es contra aquellos que comprometen el vivo sentimiento anti-feudal del Aprismo y del pueblo peruano, apoyando aún régimen oligárquico que atropella, despoja y masacra a nuestros campesinos.
Nuestra lucha es contra aquellos propiciadores y defensores de una línea política que desprestigia y debilita al Partido, convirtiéndose en cómplices del imperialismo y la oligarquía que tratan de destruir al más grande instrumento de liberación económica de nuestros pueblos, que es la ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA AMERICANA.
Nuestra lucha, por ende, está enraizada en las más puras tradiciones del Aprismo, que tan virilmente encarnan los mártires de Chan-Chan, Huaraz, Manuel Arévalo, Luis Negreiros y tantos otros que ofrendaron su vida por un Perú digno, libre y justo.
Hacemos, pues, un llamado a todos los compañeros del Partido para que luchen codo a codo con nosotros en esta magna tarea de reafirmación y desarrollo de nuestros principios revolucionarios, mediante la rectificación de una línea que perjudica los intereses populares, la democratización de la vida partidaria y la reorganización de los cuadros directivos, a través de un Congreso representativo que exprese el auténtico pensamiento de las bases populares, cuyos intereses y no otros debemos defender como imperativo histórico.
Así se dio inicio al surgimiento de una nueva organización política de izquierda que -dentro de la situación económica y social que se daba en esa época tanto a nivel nacional como internacional- se desarrolló y evolucionó aceleradamente, en los aspectos ideológicos, políticos y orgánicos, hasta tomar la denominación de MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) organización que llegó a participar en 1965 en la lucha armada en el Perú al igual que otros revolucionarios de otras organizaciones guerrilleras.
El propio Luís de la Puente Uceda, secretario general del MIR, resume este proceso histórico de su organización política en la presentación del libro Guerra a muerte al latifundio en el que Carlos Malpica publica el proyecto de Ley de Reforma Agraria del MIR. De la Puente dice:
El 12 se octubre de 1959 aparece en la vida política nacional un Comité Aprista de Defensa de los Principios Doctrinarios y la Democracia Interna, el mismo que en mayo de 1960 pasó a constituir el Apra Rebelde para tomar el nombre de Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en junio de 1962.
Al cumplirse en la fecha 60 años de ese histórico acontecimiento rendimos sentido homenaje a los compañeros protagonistas de esas luchas que son parte de la historia de nuestro pueblo.
Lima, 12 de Octubre de 2019